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Ernesto Aroche Aguilar

Puebla, Pue.- David Villa Issa, subsecretario de Egresos del gobierno del estado de Puebla que encabeza Mario Marín Torres, intentó a través del entonces presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Samuel Rangel Rodríguez, dar carpetazo a la solicitud de información relacionada con el pago de 94.6 millones de pesos a un taller mecánico de su propiedad.

De acuerdo con fuentes de la dependencia, la orden era detener la petición para conocer los montos que el gobierno marinista destinó al pago de servicios de Juan Rosendo Tapia Flores, el representante legal del taller Vissa Car, el cual, como reveló una investigación de Animal Político, fue abierto en el año 2000, construido en un terreno propiedad del funcionario marinista y dirigido por la esposa del funcionario Claudette Campos.

Luego de publicarse la nota “Mario Marín enriquece a su subsecretario de Egresos”, la líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del estado, Leonor Popócatl Gutiérrez, adelantó que analizarán si la fracción panista pide iniciar una investigación, aunque puntualizó que la Contraloría del estado ya debería estar investigando. Pero ni la Contraloría del estado ni la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) emitieron postura alguna.

“Lamentablemente  le queda muy poco tiempo a esta legislatura y este tipo de procedimientos se lleva mucho tiempo, pero se podría dejar un expediente abierto para que la próxima legislatura investigue y que no se acuse a nadie que no sea responsable y que él (Villa Issa) diga lo que a su derecho convenga, podríamos estar especulando, aunque toda la información y los documentos apuntan a él”.

Carpetazo

A finales de septiembre pasado, el presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado, Samuel Rangel, ordenaba dar por concluido el expediente 23/SFA-06/2010, el mismo en el que se impugnaba la respuesta otorgada por la SFA a la siguiente petición:

“Solicito se me informe el monto del pago destinado por las dependencias del gobierno del estado a cubrir los servicios de Juan Rosendo Tapia Flores –nombre de prestador de servicio registrado en el padrón de proveedores— desde el inicio de la administración a la fecha en un informe desglosado por dependencia y por año. Pido también acceso directo a los documentos que comprueben dicho gasto”.

La dependencia sólo había dado montos generales, ignorando el desglose y negado el acceso a las facturas a pesar de que la CAIP ya había ordenado la entrega de la información que involucraba al taller del funcionario marinista.

A pesar del incumplimiento, Rangel Rodríguez, ordenó archivar el caso y sin tomar en cuenta al resto de los integrantes del organismo responsable de la transparencia, violentando con ello la Ley de Transparencia del estado y el procedimiento que señala que dichas decisiones se toman de manera colegiada por los tres comisionados de transparencia.

No era la primera vez que Samuel Rangel intentaba bloquear el caso. Durante la resolución de revocar la negativa inicial de la SFA votó en contra, pero el voto de las otras dos otras integrantes de la CAIP, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Lilia Vélez, impuso la orden de que se hiciera pública la información.

Aunque al final, y luego de la intentona de dar carpetazo a un asunto no concluido, fue hecho del conocimiento de las comisionadas para, después, detener el procedimiento.

Hasta el momento, la dependencia aún no ha permitido el acceso a las facturas pagadas al taller Vissa Car que avalan los 94.6 millones de pesos que se le han entregado desde el inicio de la administración marinista.

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