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Ernesto Aroche Aguilar

El 31 de agosto del año pasado el gobernador Marín aseguraba que “que para que haya un buen ejercicio de la función pública es necesario que se trabaje con absoluta transparencia, mediante un trato imparcial, rindiendo cuentas puntualmente sobre el uso de recursos, observando la ley, transparentando sus actividades y colocando a disposición de la sociedad la información sobre sus acciones”.

Las palabras se escucharon durante la inauguración de la Segunda Semana de Transparencia Municipal, como atestiguaron la alcaldesa Blanca Alcalá y la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jaqueline Peschard Mariscal.

Para esa misma fecha la calificación otorgada por la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) al cumplimiento en las obligaciones de transparencia de las páginas de la administración marinista apenas lograba un promedio los 27.4 puntos (en una escala de 1 a 100).

Y es que en materia de transparencia gubernamental Puebla avanza siguiendo los pasos del cangrejo, pues si en febrero del 2009 la calificación era en promedio de 50 puntos, calificación reprobatoria a todas luces, entre abril y junio de ese mismo año ya había caído a los 27 puntos ya señalados.

Lo que alerta no es sólo la bajísima calificación otorgada por el organismo garante de la transparencia sino el retroceso en la materia en el último año, las evaluaciones periódicas de la CAIP, en donde mide la aplicación de la ley por parte de los Sujeto Obligados, pone de manifiesto que el tema tan manoseado en el discurso oficial en realidad apenas importa.

La documentación de evaluación interna, entregada a una petición basada en la ley de transparencia, también revela que entre abril y mayo del 2009 todos los responsables del manejo de la información en las dependencias de gobierno fueron informados de las modificaciones que se aplicaron al sistema de evaluación, sin que por ellos se modificara un ápice el contenido de las páginas web.

Eso no inhibió al mandatario estatal para que la mañana del 31 de agosto, mientras la alcaldesa y la presidenta del IFAI firmaban un nuevo convenio de colaboración para el uso del sistema Infomex, afirmara sin rubor alguno que “impulsar una constante mejora a la gestión pública y al sistema de información, nos permitirá avanzar para hacer de la administración una organización cada vez más eficiente y eficaz, y con una fuerte cultura de servicio para satisfacer cabalmente los legítimos derechos de la sociedad”.

El problema en todo esto, explica la nueva integrante de la CAIP, Lilia Vélez Iglesias (elegida para sustituir al detestado Antonio Juárez Acevedo), no se reduce a una calificación reprobatoria, por más baja que esta sea, sino al incumplimiento de la ley de transparencia que esto representa.

“Lo que nosotros creemos es que hace falta mayor atención y voluntad de los sujetos obligados para cumplir con la ley, y lo que vamos a hacer es, por un lado, comunicarles de nuevo los resultados y hacerles un llamado para que mejoren el cumplimiento de la ley, porque ese es el punto, no se está cumpliendo lo que está establecido en la ley”.

Para Blanca Lilia Ibarra Cadena, otra de las comisionadas de la CAIP, existe una falta de interés por parte de los responsables de que la información catalogada como básica en la ley de transparencia:

“Creo que tendríamos, como Comisión de Transparencia, como medios y como ciudadanos, que exigir a nuestras autoridades que se pongan a trabajar y que vean en que están fallando y mejoren las páginas de Internet, que simple y sencillamente es un reflejo de esa apertura, esa disposición y voluntad política de cumplir con la ley de transparencia”.

Reprobadas

 

El desinterés traducido en malas calificaciones a la ley de transparencia no es nuevo, en todas las evaluaciones que se conocen, realizadas por organismos no gubernamentales como el Centro de Estudios Espinoza Yglesias; por instituciones educativas como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y hasta por empresas de consultoría como Aregional, la constante es la misma: Puebla se encuentra en el sótano en la materia.

Y la reforma al marco normativo que se aprobó en el Congreso local en junio de 2008 gracias a la aplanadora priísta lo único que logró fue agravar el problema, pues no fue impugnada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al calificarla de “inconstitucional” al no cumplir ni siquiera con las disposiciones establecidas en el artículo 6° de la Constitución, además sus disposiciones han sido ignoradas por todos los poderes del estado, empezando por los mismos legisladores.

Aunque a diferencia de lo que sucede en el Congreso y en el poder Judicial, el gobierno marinista si ha sido evaluado al menos de manera interna, y los resultados han sido desastrosos, especialmente en las áreas relacionadas con el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas.

En ese rubro las dependencias se aferran a mantener la opacidad e ignorar el mandato de la Ley de Transparencia.

De las páginas evaluadas por el organismo definido como un “órgano especializado de la Administración Pública Estatal”, sólo dos alcanzaron una calificación aprobatoria: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 64.5; y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al obtener los 100 puntos posibles, lo que desde la perspectiva de las dos comisionadas demuestra que todo se reduce al “interés gubernamental  y a la voluntad política” de los responsables de la transparencia en el estado.

El resto se debate entre los 20 y los 30 puntos, con algunas excepciones como el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), el Instituto Poblano de la Mujer (IPM) o el Instituto Poblano de la Vivienda (IPV) que lograron superar esa barrera pero sin ir más allá de los 38 puntos en el mejor de los casos.

Mientras que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), la responsable del manejo de los recursos públicos en todo el estado, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), responsable de lograr la reactivación económica fueron las dependencias peor ubicadas al alcanzar calificaciones de 21 y 24 puntos respectivamente.

Por su parte las páginas de la oficina del gobernador del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS); de Educación Pública (SEP); de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) se ubicaron en el rango de entre los 25 y los 28 puntos.

Ignorados

Las evaluaciones de contenido de las páginas de transparencia gubernamental no es nueva, se vienen realizando con regularidad desde el 2007, aunque de muy poco ha servido pues las recomendaciones emitidas por el órgano garante han sido ignoradas.

Los archivos que fueron entregados por la comisión a través de la solicitud información PUE-2010-000118 también ponen en evidencia el poco interés de los sujetos obligados por enmendar sus faltas y poner a disposición de la ciudadanía la información obligatoria que marca el artículo 9 de la Ley y que comprenden 14 puntos, hasta el momento la actualización de esos puntos aún no ha sido efectuada, a pesar de las reuniones que se mantuvieron entre abril y mayo pasado con los directores de las unidades administrativas de acceso a la información.

El documento firmado por el presidente del organismo Samuel Rangel Rodríguez que se hizo llegar a todas las dependencias que conforma del gobierno estatal explica que “el pleno de la Comisión de Acceso a la Información Pública aprobó las adecuaciones al sistema de evaluaciones a Sujetos Obligados de acuerdo a las reformas a la ley del 18 de julio de 2008”.

“Este sistema tiene como principal propósito verificar el contenido de las páginas electrónicas de transparencia de las dependencias y entidades de las Administración Pública Estatal, de tal forma que se logre la publicación de información clara y sencilla para que pueda ser comprendida y utilizada fácilmente por el ciudadano”.

“Por tal motivo lo invitamos a la presentación de dicho sistema, en donde explicaremos el funcionamiento del mismo en las instalaciones de la CAIP situadas en la 7A sur4301, col. Huexotitla, el día 6 de mayo en curso a las 11 horas.

La invitación fue atendida asegura Blanca Lilia Ibarra: “El año pasado la comisión hizo una revisión meticulosa de las evaluaciones que realiza la misma CAIP para que se incorporaran las dos obligaciones nuevas de transparencia a partir de la reforma a la ley, después se capacitó a los titulares de las unidades administrativas y se les hizo el llamado en su momento para que tomaran cartas en el asunto”.

Pero nada pasó. La siguiente evaluación llevada a cabo en julio de 2009, tres meses después de la capacitación los resultados se mantuvieron en los 27 puntos en promedio.

Los dineros: pura opacidad

De los cuatro indicadores que se tomaron en cuenta para la evaluación de las páginas web, la información financiera fue en la que se registraron las peores calificaciones de las dependencias, el rubro que involucra la rendición de cuentas, uno de los pilares del derecho a la información reconocido como un derecho ciudadano en la Carta Magna y el que más peso en la medición que realiza la CAIP.

En este punto la evaluación realizada en noviembre pasado, sólo la CEDH logró los 49 puntos asignados a este rubro, el resto reportó entre 25 y 4 puntos, predominando este último dato, como sucedió con las secretarías de Desarrollo Social, de Finanzas, de Salud, de Desarrollo Rural, de Obras Públicas, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Oficina de la Gubernatura.

Y los puntos fueron obtenidos por poder a disposición de la ciudadanía “los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos”.

Para evaluar el rubro también se tomó en cuenta que las páginas informaran la remuneración mensual por puesto, incluyendo la compensación; los cargos de confianza, base y honorarios, en todos sus niveles y el número de plazas de los mismos puestos, en total y por unidad administrativa.

También se calificó si se brindaba información sobre el presupuesto asignado al Sujeto Obligado y los informes sobre su ejecución. Estos deben especificar el avance con relación al presupuesto mensual y al anual, ambos por capítulo y partida.

Además se consideró si la página publica la cuenta pública de la dependencia y el informe, a detalle, de las auditorías practicadas.

El resultado no deja lugar a dudas, en este estado no se habla de dinero, pues sin tomar en cuenta importar el peso de la información financiera tiene en la evaluación, las dependencias de mayor importancia insisten en restringir los datos, las evaluaciones realizadas desde 2007 no dejan lugar a dudas de ello.

Desde la puesta en marcha de la ley de transparencia se ha mantiene en secreto la remuneración mensual por puesto, incluyendo a los empleados de base, de confianza y honorarios, así como las compensaciones.

Tampoco incluyen el informe de ejecución de recursos, que debería incluir el avance del ejercicio presupuestal mensual y el presupuesto ejercido anual, ambos por capítulo y partida de ejecución.

Se ocultan también los resultados definitivos de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada Sujeto Obligado que realicen los respectivos órganos de control y supervisión, incluyendo el nombre de los órganos de control y supervisión que la realizó.

En esa opacidad financiera se mantienen prácticamente todos los sujetos obligados con las excepciones ya señaladas.

Así, la evaluación permite comprobar con cifras lo que ya se presumía: la falta de transparencia en Puebla.

(((RECUADRO)))

La información obligatoria

 

Después de la reforma a la ley de transparencia estatal la obligación de transparencia mínima pasó de 12 a 14 puntos, información que debe estar disponible en los sitios de internet habilitados para eso, sobra decir que hasta la fecha no se han actualizado todos los puntos, acá la lista:

1. Estructura orgánica y el marco legal que las rige.

2. El directorio de Servidores Públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes; el domicilio de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información pública.

3. La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes.

4. Los trámites, requisitos y formatos de solicitud de información pública.

5. La información sobre el presupuesto asignado al Sujeto Obligado, los informes sobre su ejecución y su regulación en términos de lo dispuesto por los ordenamientos aplicables, según corresponda.

6. Los planes y programas expedidos conforme a las leyes, así como los convenios administrativos de coordinación y colaboración suscritos con otras instancias públicas y privadas.

7. Los resultados definitivos de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada Sujeto Obligado que realicen los respectivos Órganos de Control y Supervisión.

8. Las concesiones, permisos, autorizaciones y arrendamientos; las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones y prestación de servicios, así como sus resultados, en aquellos casos que proceda, en los términos de la legislación aplicable.

9. Los informes que, por disposición Constitucional, generen los Sujetos Obligados.

10. Los mecanismos de participación ciudadana.

11. Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos.

12. La información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas y morales, conforme a las leyes de la materia.

13. La información completa y actualizada de los indicadores de gestión, entendiéndose por estos a los índices de medición establecidos en los planes y programas previamente aprobados en términos de Ley.

14. Toda información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en términos del Reglamento y de la normatividad que para el efecto se expida.

 Fuente: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla

== ENTREVISTAS DE APOYO))))))

Falta responsabilidad en el tema, sostienen comisionadas.

 

Para Blanca Lilia Ibarra y Lilia Vélez, dos de los tres integrantes que conforman la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) las bajas calificaciones que han obtenido los sujetos obligados en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia básicas revela la falta de responsabilidad e interés que el tema genera en el gobierno del estado.

Entrevistadas por separado por Contralínea, las dos especialistas en la materia convergen en el mismo punto: hay que hacer algo, y la responsabilidad es compartida entre ciudadanía, medios de comunicación y la propia CAIP para que se entienda la importancia que tiene en la construcción de una mejor sociedad.

 

Vamos a emitir un exhorto: Blanca Lilia Ibarra

¿Por qué tenemos una calificación tan baja, comisionada Blanca Lilia? ¿Qué ha pasado ahí? Estamos rondando los 20 puntos de 100 posibles, y si ya hace un año la calificación andaba alrededor del 5, reprobatoria, pero superior a lo que se registró en la evolución más reciente.

Esto refleja sin duda que no se están considerando de manera responsable las tareas y las obligaciones de transparencia que tienen los sujetos obligados, creo que esto debe de motivar, estas calificaciones a que tomen cartas en el asunto a la brevedad; de hecho nosotros como Comisión hemos dialogado en el sentido de emitir un exhorto a los sujetos obligados para que sencillamente vean sus áreas de oportunidad, vean en donde están fallando esas evaluaciones prácticamente son un retrato de lo que está en sus páginas de Internet.

El año pasado la comisión hizo una revisión meticulosa de las evaluaciones que realiza la misma CAIP para que se incorporaran las dos obligaciones nuevas de transparencia a partir de la reforma a la ley, después se capacitó a los titulares de las unidades administrativas y se les hizo el llamado en su momento para que tomaran cartas en el asunto.

Creo que es lamentable que no se esté cumpliendo cabalmente con consagrar con lo que debe estar en las páginas de Internet de acuerdo con la ley.

Aquí la invitación sería a que no sólo los Sujetos Obligados, sino que todos los funcionarios que están inmersos en esta dinámica revisen la página y vean donde pueden mejorarla, porque hay dependencias que llegan a tener una calificación aprobatoria, eso significa que sí se pueden hacer las cosas bien. Samuel Rangel lo mencionó en su informe que la CDH tiene una página de Internet que es ejemplo al cumplir al 100 por ciento.

Creo que tendríamos, como Comisión de Transparencia, como medios y como ciudadanos, que exigir a nuestras autoridades que se pongan a trabajar y que vean en que están fallando y mejoren las páginas de Internet, que simple y sencillamente es un reflejo de esa apertura, esa disposición y voluntad política de cumplir con la ley de transparencia.

¿Quién es acá el responsable de que no se esté cumpliendo, los directores de las unidades administrativas, los titulares de las dependencias…?

Yo creo que eso tendrías que preguntárselos a ellos, nosotros no podemos ir más allá, nosotros simplemente como comisión realizamos este tipo de evaluación, pero directamente a quién le corresponde esta responsabilidad sí tendrían que ser la gente de las propias dependencias. Insisto, nosotros hemos tenido acercamientos con los responsables de las unidades de acceso. Esta mañana platicábamos con el presidente Samuel (Rangel) sobre que tenemos que insistir con los titulares para que revisen sus páginas y para que la gente que ellos tengan considerado para operarlas se ponga a trabajar en ese sentido.

¿Esto no califica como una situación que esté violentando la propia ley? porque se establecen catorce puntos de obligación de transparencia y ni siquiera esos se cumplen

El tema de la transparencia es muy amplio, no le puedes apostar únicamente a un solo aspecto del tema. Me parece que en la medida de una página de Internet esté con mejores contenidos, cuidada y abierta con la información pública, pues eso va por un lado a generar menos solicitudes de información, porque significa que el ciudadano podría verlo ahí, pero además reforzaría la idea de que el gobierno está en una vitrina pública. Ahora, creo que el Internet y las páginas es algo valiosísimo, pero hay que recordar también que no toda la población en el país y en el estado tiene acceso a Internet, por eso insisto en que no es el único punto en que tendría que enfocarse (en el gobierno), tendrían también que visualizar otros aspectos que finalmente son los que proyectan si el gobierno es o no transparente.

No se está cumpliendo la ley: Lilia Vélez Iglesias

La calificación de las páginas de transparencia ya de entrada es escandalosa, pero además revisando toda la información veo que a finales del año pasado era de cinco, reprobatoria pero no tan baja, qué fue lo que pasó ahí comisionada?

 

Lo que hemos estado viendo es que no están cumpliendo con las obligaciones de transparencia que por ley tienen que llevar a cabo, lo que hemos determinado en la comisión es primero insistir en el tema de la evaluación presentarles los resultados y cuestionarlos el porqué de la falta en el cumplimiento, si es que necesitan mayor capacitación, alguna ayuda extra de la comisión.

El sistema de evaluación ya lo conocen se les presentó a todos los sujetos obligados para que ellos mismos pudieran estar haciendo una suerte de autoevaluación y vieran que es lo que les hace falta.

Lo que nosotros creemos es que hace falta mayor atención y voluntad de los sujetos obligados para cumplir con la ley, y lo que vamos a hacer es por un lado comunicarles de nuevo los resultados y hacerles un llamado para que mejoren el cumplimiento de la ley, porque ese es el punto, no se está cumpliendo lo que está establecido en la ley. Otro paso que además está en nuestro plan de trabajo es que se hagan públicas estas evaluaciones.

¿Esto no señala el poco interés y el poco compromiso que hay con la transparencia de estos sujetos obligados?

A mi me parece que hay varios factores, por un lado si hay un tema de poco interés y falta de voluntad para cumplir con la ley, pero también existe el problema, según me han dicho acá en la comisión, de que en las unidades de transparencia está rotando de manera continua el personal, y se capacita a uno, y luego ya lo cambiaron, entonces no hay continuidad en el trabajo; ahora, evidentemente si hay un tema de voluntad, porque eso está establecido en la ley y eso es algo que tienen que cumplir y que además abona en la rendición de cuentas, de transparentar lo que están haciendo las propias dependencias.

Esto tiene que ver con la reforma constitucional, bajando a la ley de transparencia, y lo que nos está diciendo la Constitución es que el estado tiene que estar informando de ciertos puntos mínimos para decirle a la sociedad que es lo que está haciendo y porqué lo está haciendo.

No sé si tener las páginas completas pueda reducir las solicitudes, pero esto si es el mínimo que cualquier sujeto Obligado tendría que hacer público para que los ciudadanos puedan saber como trabajan sus autoridades. De ahí podrían derivar a su vez otras solicitudes, pero si no tienes ni lo mínimo indispensable de lo que marca la ley

Resulta contradictorio que los ciudadanos estén solicitando información que ya debería estar en las páginas del gobierno.

Por otro lado está el hecho de que los ciudadanos digan, bueno, porqué no está esta información, porqué no están los sueldos y el organigrama, porque no están los avances presupuestales, no?, esto genera siempre la posibilidad de que la gente se cuestione porqué ocultan esa información y no la hacen pública, y se genere la idea de que algo no es claro y algo es turbio, eso es lo que como Sujetos Obligados deberían pensar y en aras de una mayor confianza con la ciudadanía deberían por lo menos esta información tenerla muy muy transparente.

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