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Ernesto Aroche Aguilar

El viernes 16 de septiembre de 2005 José Luis Medina Mosto cruzó con pasos cortos el aeropuerto de la ciudad de México, llevaba consigo una maleta con la suficiente ropa para una estancia de cinco días, un pasaporte expedido por el gobierno peruano con las hojas llenas de sellos y muy poca prisa. Tres horas después, en el aeropuerto internacional de Miami, un avión de American Airlines aterrizaba.

José Luis bajó de la aeronave todavía sin prisa, la cita que lo había llevado a cruzar el Golfo de México estaba pactada para el día siguiente a primera hora. La tarde del viernes le permitiría el tiempo suficiente para salir a caminar un poco, estirar las piernas antes de regresar a su habitación, una de las 296 con que cuenta el JW Marriott Hotel de Miami.

Al día siguiente despertó temprano, tomó una ducha antes de bajar al restaurante Isabela’s. Justo a las nueve de la mañana tomaba asiento en una de las mesas del lugar, para enfrentar una tediosa espera de 60 minutos antes de que apareciera -vistiendo una playera Lacoste color naranja y unos blue jeans- uno de los cinco  hermanos dueños del consorcio AjeGroup, responsable de la marca de refrescos Big Cola.

Carlos Añaños Jerí, también peruano de origen, pidió un sándwich para completar el jugo de naranja, el café y los wafles que ya había sobre la mesa antes de proponerle a José Luis que asumiera el control del nuevo proyecto de la empresa refresquera: la Big Chela, como parte de sus tareas diarias de administración de las empresas del grupo.

Entre bocado y bocado, el segundo de los Añaños le pidió confidencialidad y discreción para lo que estaba por contarle, luego fue al grano, tendría que encargarse de del nuevo proyecto que AjeGroup –con presencia en México, Venezuela, Costa Rica y por supuesto Perú– buscaba ensayar en nuestro país, y que siguiendo la línea marcada por el producto insignia, sería embotellado en un envase de gran volumen para poder competir en el mercado, con la salvedad de que apostarían por el envase PET (plástico) en vez de la botella de cristal.

Al llegar al café, el director ejecutivo del grupo le pidió además verificar las operaciones fiscales que estaban en marcha en Venezuela, pues esos recursos eran parte importante del financiamiento con que se pondría en marcha el proyecto.

Concluida la reunión, José Luis acompañó a su jefe hasta la entrada del hotel, estrechó su mano y lo vio partir a bordo de su jaguar blanco. Volverían a verse tres veces más en ese mismo sitio.

Tres años después la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 33, ubicada en Puebla capital, condenaba a Ajemex, subsidiaria de AjeGroup, a pagar 16 millones de pesos —millón y medio de dólares— a José Luis producto de un despido injustificado. El juicio iniciado por el caso permitió conocer además gran parte de las prácticas laborales de la empresa peruana que le han permitido hacerle frente a las transnacionales a costa de sus trabajadores.

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El nombre es difícil de memorizar y ese par de eñes crean serios problemas fonéticos a los extranjeros”, escribía en 2003 Mario Vargas Llosa en las páginas de El País.

El autor de Conversaciones en la catedral dedicó mil 648 palabras en aquella ocasión para narrar la historia de “los valientes ayacuchanos” que en 20 años levantaron un emporio transnacional con sucursales en casi todo América Latina y Asia –Tailandia ya conoce también la dificultad de pronunciar esas dos eñes seguidas.

El mito, propagado por los propios Añaños, asegura que la empresa nacida en la región de Ayacucho, cuna de Sendero Luminoso, empezó en 1988 con 15 trabajadores asalariados y con apenas 30 mil dólares de capital, obtenidos luego de haber hipotecado la casa en que Eduardo, heredero de una familia de hacendados venidos a menos, y la profesora María Antonieta Jerí, Mirtha como prefiere que la llamen, engendraron seis hijos: Álvaro, Carlos, Ángel, Jorge, Arturo y Vicky.

Aprovechando el nicho de oportunidades que abrió la crisis política y económica en que estaba sumido el Perú en aquel momento, con bombazos y guerrilla por todos lados, los Añaños apostaron por las bebidas gaseosas pues ni la Coca ni la Pepsi lograban hacer llegar con regularidad su producto al territorio natural de los seguidores de Abimael Guzmán.

Empezaron trabajando en el patio de la familia con una pequeña maquina embotelladora que se operaba a pedal, utilizando una formula propia y envasando el producto en botellas recicladas con etiquetas rotuladas con la marca Kola Real, los Añaños cuentan que repartían inicialmente las cajas de refresco en carretillas y triciclos por toda la ciudad de San Miguel del Mar.

“Quince años después –explicaba Vargas Llosa en el 2003— los analistas de Wall Street calculan que esa empresa familiar, nacida en tan precarias condiciones, tiene ingresos anuales que superan los 300 millones de dólares, y que su competencia está creando serios problemas a los gigantes norteamericanos”.

Hoy se estima que tan sólo en México Ajemex, la subsidiaria local de AjeGroup, vende alrededor de 350 millones de dólares producto de la venta de mil 600 millones de litros de bebidas entre jugos agua embotellada y bebidas carbonatadas, gracias a su política de precios bajos, política que ya se verá tiene un alto costo para su fuerza laboral.

Su ingreso al país fue todo menos silencioso, en tan sólo seis años se apoderó del 12 por ciento del segundo mercado más grande de consumidores de bebidas gaseosas, y el primero en refrescos de cola.

 Apunte 1: En términos per cápita, cada mexicano bebe 1.4 botellas de 227 gramos diarias de ese tipo de bebidas, es decir 527 al año, superior a las 411 que consumen los estadunidenses

Y al enfrentarse con la transnacional, no sólo comercialmente sino jurídicamente a través Raquel Chávez Paniagua la dueña de una tienda de abarrotes en Iztapalapa que demandó entablar una demanda en contra de la Coca-Cola Company harta de que sus distribuidoras en México le impusiera condiciones para la venta de la popular bebida y le impidieran comercializar a la bebida de cola recién llegada, le permitió colocarse en el inconciente colectivo como el David que venció a Goliat.

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Cuando Alfredo Paredes, vocero oficial de Ajegroup, levantó el teléfono para contestar la segunda llamada del día de aquel 31 de agosto de 2006, la estrategia a seguir estaba dictada: José Luis Medina Mosto, el empleado que se había atrevido a presentar una demanda laboral por despido injustificado sería acusado de participar en un fraude en contra de la empresa Cocentro, la razón social con que se manejaba la distribución de refrescos en la planta de Big Cola de Huejotzingo Puebla.

También sería negada la relación laboral de quien cuatro meses antes todavía fungía como subgerente general del corporativo peruano, reconociéndolo solamente como proveedor de plástico a través de la empresa Corpoplas SA de CV, razón social de la que efectivamente formaba parte desde septiembre de 2005, a petición de los propios Añaños.

Apunte 2: Corpoplas fue constituida por órdenes de Carlos Añaños en algún momento entre febrero y mayo de 2005, y llevando como principal accionista a José Walter Tello León, peruano de nacimiento y socio en otra de las empresas que los Añaños usan para presionar a sus proveedores Carflama SA de CV.

“Entendemos que su situación debe ser un poco desesperada en lo jurídico pues en las investigaciones sobre el fraude su nombre salió a relucir entre las gentes involucradas en el ilícito, ellos señalan a José Luis como una de las partes actuantes, de hecho como uno de los cabecillas”, explicaba aquella tarde, del otro lado de la bocina, el vocero de Ajemex.

Lo que Paredes no se esperaba es que un día después de esa conversación el juez Heliodoro Juárez Hernández, responsable del expediente 131/2006, negara que el economista nacido en la peruana ciudad de Trujillo en el presunto fraude genérico en contra de Big Cola estuviera involucrado. El expediente fue cerrado unos meses después, en marzo de 2007, cuando los dos únicos detenidos en el presunto fraude fueron declarados inocentes y dejados en libertad.

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Lo primero que José Luis encontró al entrar a trabajar con los Añaños fue que la empresa carecía de soportes contables o financieros de los años 1999-2000 y amenazaba con seguir así.

“Cuando me reuní con Carlos (Añaños) le dije que se tenían que subsanar estos problemas y reordenar la compañía. Lograr este objetivo me demandó muchas horas de trabajo diarias por muchos meses. Recuerdo que permanentemente tuve que viajar a todos los Centros de Distribución que tenía la compañía en todo Venezuela y establecer reuniones con el personal de cada Centro de Distribución”

José Luis trató en aquel momento prácticamente con todos y cada uno de los empleados de los centros de distribución, se reunía con ellos a las 6 de la mañana, para no entorpecer el trabajo de ventas en el mercado, y terminaba su jornada a las 12 de la noche.

Ninguno de los transportistas que prestaba sus servicios a Industrias Añaños de Venezuela —actualmente la razón social cambió a Ajeven C.A.— era considerado empleado de la compañía, por ende no contaba con las prestaciones laborales de ley. El mismo esquema de trabajo con el que llegaron a nuestro país.

La defensa jurídica encabezada por Sergio Fernández K. que contrataron los peruanos de la doble eñe basó su estrategia en negar la relación laboral con Medina Mosto según sus propias palabras

“Se manifiesta para los efectos legales a que haya lugar que mi representada Ajemex SA de CV nunca ha tenido ni tiene personal a su servicio y laborando para la misma, motivo por el cual no tiene nominas y/o listas de raya, motivo por el que no tiene a ninguna persona inscrita en el régimen de seguridad social, por no tener personal a su servicio”

Los Añaños aseguraron también que Medina Mosto trabajaba para la empresa de outsourcing Procesos Laborales SA de CV y no con ellos. Por su parte la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) comprobó que la planta poblana de Huejotzingo no tenía registrados un solo trabajador propio.

No era la primera vez que se hablaba públicamente del asunto. En agosto de 2004 los diputados de la LX legislatura solicitaron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizara una inspección a las instalaciones de la empresa peruana pues se tenían informes que violaba la ley federal del trabajo.

El acuerdo promovido por el entonces diputado panista Jorge Triana partía de varias quejas que hicieron los trabajadores y distribuidores de Ajemex y en las cuales se aseguraba que los repartidores están obligados “a poner un vehículo automotriz de su propiedad; deben pasar a la planta o centros de acopio a recoger el producto; deben cubrir las rutas que se les asignan; reciben por su trabajo una comisión determinada por la empresa; hacen el trabajo bajo las normas y supervisión del empresario. Los propios trabajadores comentan que tienen una dirección para hacer el trabajo como se les ordena y una dependencia económica de la empresa (…) y sin embargo no les conceden ese carácter: no tienen seguridad social, no tienen Infonavit, no hay pago de séptimo día, no hay pago de vacaciones, no hay prima de antigüedad, no pueden organizarse gremialmente. No cuentan con ningún derecho. Se simula una supuesta figura de comisionista, cuando por donde se les vea, son trabajadores de la empresa Ajemex SA de CV.”, apuntaba entonces el legislador en el exhorto que se le envió a la STPS.

Funcionarios de la delegación local de la dependencia confirmaron que la investigación se llevó a cabo y aunque aseguraron que el expediente está clasificado como reservado confirmaron los señalamientos de los trabajadores.

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Para noviembre de 2003, luego de entrevistarse con los hermanos Carlos y Ángel Añaños, José Luis dejo su oficina en Venezuela y se trasladó a México, específicamente a Huejotzingo Puebla, y desde acá siguió coordinando las actividades de las filiales instaladas en cinco países.

Producto de su buena gestión Medina Mosto había sido designado Subgerente general de Ajegruop, es decir de todo el consorcio de los Añaños que incluía a la empresa Pati´s Representation Ltd. instalada en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal del Caribe.

Y ahí se mantuvo hasta que la mañana del 15 de abril de 2006 Rey David Salinas, subgerente de recursos humanos de Ajemex, se plantó frente a la puerta de la planta distribuidora poblana. El reloj se resistía a marcar las 10.

Apenas lo vio acercarse conduciendo el jetta modelo 2004 que la empresa le entregó para sus traslados, Rey David salió a su encuentro apretando el paso: “José Luis, por instrucciones directas del señor Carlos ya no podrás laborar más en esta empresa, estás despedido”, le dijo.

La noticia cayó como bomba, Rey David lo miraba de tanto en tanto, ora extraviando la mirada ora directo a los ojos. José Luis apretó el volante del auto, metió reversa y regreso a su casa ubicada en el Fraccionamiento Villas Residenciales del Puente, en San Andrés Cholula, preguntándose en el camino qué había sucedido, qué error había cometido o qué le habrían dicho al señor Añaños para que tomara esa decisión.

Lo que jamás se detuvo a pensar fue en la abrupta forma en que le habían dado la noticia pues como la empresa se maneja a través de administradoras externas de personal se permite evadir el pago de prestaciones laborales y, por supuesto, de indemnizaciones.

Al llegar a su casa ubicada en Cholula lo primero que hizo fue marcar un número telefónico de Madrid. Del otro lado de la línea, en el tercer piso del número 1 de la Avenida de la Vega, Carlos atendió la llamada. Resultado de esa llamada José Luis recibió la promesa de una “apetitosa” indemnización. Sobra decir que nunca llegó.

Lo que si llegó dos meses después fue una serie de amenazas y “sugerencias” de que abandonara el país, a riesgo de su vida, esto una vez que la empresa fuera notificada de la demanda laboral que la delegación en Puebla de la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo (Profedet) había iniciado.

Por teléfono una voz con acento peruano le exigía “que dejara de molestar a los señores Añaños Jerí y a la empresa Ajemex” y sugería que se cuidara; pues sus pasos eran seguidos desde 45 días antes, también le dijeron: “que no esté vendiendo información privilegiada a la competencia; y me amenazaron de muerte, asegurando que conocen mis movimientos y los de mi esposa, y que lo que más me conviene es salir del país.”

José Luis abandonó México junto con su familia en septiembre de 2006, cinco meses después de perder el empleo.

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El 7 de julio de 2008, luego de un litigio de 27 meses, el presidente de la JLCA, Eliseo Villanueva Omaña, condenó a Ajemex a pagar 15 millones 978 mil 993 pesos a Medina Mosto.

Así, la empresa que logró derrotar en nuestro país y en varios frentes a la Coca-Cola Company, encontró la horma de su zapato no sólo entre sus propios trabajadores, incluso en su mismo esquema de trabajo, pues al negar por procedimiento toda relación laboral fueron las condiciones laborales descritas por el trabajador lo que sirvió de referencia para establecer la sanción económica.

Fuentes: Expediente 536/06, Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 33. Entrevistas propias con el vocero de Ajemex, Alfredo Paredes; el trabajador José Luis Medina Mosto, el ex diputado federal Jorge Triana y la documentación que se cita

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