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  • El gobierno estatal aceptó 14 por ciento menos del mínimo que exigía por entregar el inmueble

Ernesto Aroche Aguilar

El gobierno del estado pedía tres millones de pesos como mínimo para entregar el estacionamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) que costó 107 millones de pesos, pero se conformó con mucho menos que eso, beneficiando a una empresa que no cumple con el tiempo de experiencia establecido en la convocatoria.

Datos que la dependencia tuvo que entregar obligada por Ley de Transparencia revelan que el gobierno marinista recibirá apenas dos millones 26 mil pesos, como contraprestación anual, por 15 años para ocupar el inmueble que fue construido con recursos de los excedentes petroleros, 30 por ciento menos de las pretensiones mínimas que la propia SFA estableció en la convocatoria que lanzó en diciembre de 2008.

El contrato que firmaron la mañana del 23 de diciembre de ese año, Gerardo María Pérez Salazar, titular de la SFA, Óscar Alfredo Barbero y César Augusto Barandiarán, representantes legales de AOC Operadora y Promotora de Estacionamientos SA de CV e Ibermabyc SA de CV, respectivamente, también revela que las empresas podría estar incurriendo en incumplimiento, pues en el documento se establece un plazo de nueve meses a partir de la entrega del inmueble para poner en marcha el espacio comercial de la planta baja, situación que hasta la fecha no se ha cumplido.

Una rápida mirada al inmueble permite verificar que la zona comercial no sólo se mantiene cerrada, además el plafón especificado en el contrato y la habilitación de espacios comerciales brilla por su ausencia.

Retrasos y más retrasos

El 9 de octubre de 2007, el gobernador Mario Marín Torres, acompañado por integrantes de la iniciativa privada y por funcionarios de gobierno, cortaba el listón inaugural del estacionamiento de la SFA.

El mandatario estatal aseguraba entonces que obras como las que desde ese día “se ponía a funcionar para beneficio de los poblanos”, sumada a la Célula y el rescate del lago de Valsequillo, ubicarían a Puebla como un estado potencial de desarrollo.

La obra había sido iniciada 14 meses antes, en agosto de 2006, cuando Jorge Toledo Mosqueira, representante legal de la empresa constructora Unión Presfozadora SA de CV, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública (Seduop), Javier García, firmaban un contrato para la “Construcción del estacionamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración en la localidad de Puebla, municipio de Puebla”.

El contrato fue pactado bajo la modalidad de “precios unitarios y tiempo determinado”, a realizarse del 29 de agosto al 31 de diciembre —4 meses o 125 días— con un costo de 107 millones 78 mil 251 pesos, y se adjudicó a la empresa señalada, luego de un proceso de licitación pública.

La obra fue pagada con los excedentes petroleros que recibió el estado en ese año, pues se echó mano de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Feief) para financiarla, quedando a cargo de Javier González Munive la supervisión de los trabajos por parte de la dependencia estatal.

Pero el tiempo pactado para la obra no se cumplió. La realización de la obra se extendió por un año, concluyéndose oficialmente el 15 de agosto de 2007, triplicando así el tiempo de construcción original, según documentos de la Sduop que fueron entregados mediante una solicitud de acceso a la información pública.

La obra habría de ser inaugurada dos meses después, sin que fuera abierta al público. Hubo entonces que esperar más de un año para que la administración marinista convocara a cuatro empresas para que concursaran por el derecho a administrar y explotar el inmueble. La invitación fue enviada el 8 de diciembre de 2008, 16 meses después de que el listón inaugural fuera cortado.

En ese tiempo, los cinco pisos y el sótano, los 906 cajones de estacionamiento y los tres mil 343 metros cuadrados de área comercial, ubicados en la planta baja, permanecieron ociosos, ocupados ocasionalmente por personal de la SFA.

Concurso por invitación

La convocatoria no fue pública ni abierta, y se hizo llegar sólo a cuatro empresas seleccionadas previamente por funcionarios de la SFA:

1.- AOC Operadora y Promotora de Estacionamientos SA de CV, representada por Oscar Alfredo Barbero Espinosa, fue la compañía que presentó la oferta más alta: 39 millones, 401 mil 572 pesos por los 15 años que dura la autorización para el uso del inmueble.

2.- Operadora Elisa SA de CV, que bajo la representación de Daniel Geller Podlipsky, puso sobre la mesa una oferta de 35 millones 407 mil 668 pesos por el mismo periodo de tiempo. Esta compañía, registrada también en el padrón de proveedores del gobierno del estado, si bien tiene un domicilio fiscal en la colonia Anzures en el Distrito Federal, su experiencia en manejo de estacionamientos se reporta en Quintana Roo.

3.- Integración y Operación de Sistemas SA de CV, a cargo de Eloy Arturo Viruell Fuentes, que ofreció 36 millones 131 mil 616 pesos pagaderos a 15 años. Esta empresa a diferencia de las dos primeras no está registrada en el padrón de proveedores.

4.- Concreta Bienes Raíces SA de CV. De las cuatro invitadas está última empresa declinó la invitación sin presentar propuesta económica o técnica alguna.

Propuestas económicas todas que no alcanzaban la contraprestación mínima establecida en la convocatoria por un monto total de 45 millones 948 mil 840 pesos –tres millones 63 mil pesos anuales— por el aprovechamiento de los 23 mil 628 metros cuadrados de superficie, que incluye 906 cajones de estacionamiento repartidos en cinco niveles y un sótano, más una planta baja destinada al área comercial, del inmueble ubicado en el número 902 de la calle 20 sur en la colonia Azcarate.

Una contraprestación mínima basada en un dictamen de la “Subsecretaría de Ingresos” que no alcanzaría para cubrir, en los 20 años que podría durar la concesión, los 107 millones de pesos que se le entregaron a la empresa Unión Presforzadora para pagar la construcción del inmueble.

Además, una proyección basada en una ocupación a ciento por ciento y sobre ocho horas diarias los 365 días del año y con un costo por hora de 12 pesos, la tarifa ya establecida por la compañía administradora, señalan ingresos anuales de 31 millones de pesos, sin contar el costo que se imponga a los interesados en ocupar el área de comercio y servicios.

Sin experiencia

Y sobre esas tres propuestas económicas se tomó la determinación de seleccionar al combo encabezado por AOC –que incluía a Ibermabyc—, a pesar de que la compañía incumplía con uno de los apartados de la convocatoria en donde se exigía “una experiencia mínima de dos años en servicios relacionados con estacionamientos automatizados de uso comercial con capacidad mínima de mil 800 cajones”.

Y es que AOC sólo tenía hasta ese momento un año y un mes de conformada como empresa, según revela la escritura pública número 66 mil 606 otorgada protocolizada por el notario público número 110 de la ciudad de México, Javier Ceballos Lujambio, con fecha 29 de noviembre de 2007 que fue inscrita cinco días después en el Registro Público de la Propiedad con el folio mercantil 374852.

Fuera de esos, AOC Operadora y Promotora de Estacionamientos SA de CV no tiene registro en las páginas de transparencia gubernamentales del gobierno federal y /o municipal. El único registro hallado en los sitios gubernamentales corresponde a su mención en el padrón de proveedores del gobierno marinista.

La única referencias que es posible hallar en los sitios electrónicos gubernamentales corresponde al del Distrito Federal, en donde se reconoce a Óscar Alfredo Barbero Espinosa, representante legal de AOC, como representante de la empresa “Inmobiliaria Formula Tres”, responsable del desarrollo de los edificios de departamentos ubicados en la avenida Reforma número 90 y 92, y cuyo socio principal es Bosco Bernardo Gutiérrez Cortina.

Pero no hay nada claro sobre la experiencia en la administración de estacionamientos, situación que se especificaba en el concurso convocado por la dependencia estatal.

Sin abrir

El contrato obliga a la empresa beneficiada, de acuerdo con la clausula sexta, a responsabilizarse de construir por su costo y cuenta “los acabados en pisos, muros y plafones de la planta baja” (…) en un plazo máximo de nueve meses, contados a partir de la entrega formal del inmueble.

El mismo plazo que se otorgó para “aperturar los locales que funcionaran en la planta baja”, espacio que, a decir del secretario de Finanzas, serían ocupados por bancos, farmacias y restaurantes y que a la fecha aún no existen. Motivos ambos que podrían considerarse como causales de rescisión para el contrato de autorización que se otorgó.

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