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Ernesto Aroche Aguilar

Lluvia, una adolescente de Guerrero conoció el amor a través de una de las redes sociales con mayor auge en los últimos años Facebook, o al menos eso creyó hasta darse cuenta que había sido atrapada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

La falta de atención emocional en la vida de Lluvia, su padre la había abandonado y su madre trabajaba en Cuernavaca para mantenerla, la hizo presa fácil de un proxeneta que la atrajo primero a la Ciudad de México, para después llevarla a Tlaxcala y más tarde a Puebla, en donde fue entregada a “Don Pacho” para ser prostituida.

“El novio”, regresaba de tanto en tanto para visitarla y “a preguntarle a Don Pancho cómo me había portado. Me quitaron el celular que había traído de nuestra tierra y él los contestaba, aún cuando estuvieran conmigo”.

Un día Don Pancho les dijo a Lluvia y a Primavera, una compañera de escuela de Lluvia que también fue engañada por otro proxeneta y recorrió la misma ruta hasta llegar a la Angelopolis, “que iba a tener visitas, y que los teníamos que atender muy bien. Ahí empezó nuestro suplicio. Llegaron unos traileros y empezaron a tomar con Don Pancho y cuando estaban bien borrachos, nos encerró en las recámaras con ellos. Nos violaron, y le pagaron a Don Pancho 500 pesos cada uno. Eso se hizo muy frecuente, inclusive, a veces, venían muchos hombres y todos nos violaban y Don Pancho les cobrara a todos 500 pesos”.

Las dos adolescentes guerrerenses, según cuentan a la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH), fueron rescatas cuando la madre de “Primavera” la localizó en la ciudad de Puebla, por Lluvia llegaron al día siguiente acompañados por personal de la Procuraduría General de la República (PGR).

La historia que se narra en el “Diagnostico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México” realizado en conjunto entre la CNDH y el Centro de Estudios e investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas), no hace más que apuntalar la idea de que Puebla no es ajena al delito de trata de personas.

A pesar de ello, y de la afirmación que lanzó hace unos meses el Ceidas de que en Puebla es ciudad de paso (http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36898&Itemid=181) en dos de las varias rutas de trata de personas registradas en el país, la PGR ha negado sistemáticamente contar con información sobre ese delito en la entidad.

En respuesta a una solicitud en donde se le pidió informara sobre “el número de averiguaciones previas iniciadas en el estado de Puebla por el delito de trata de blancas desde el año 2000 a la fecha”, que incluyera además las redes de trata detectadas con presencia o sede en la entidad, cuantas de estas ya han sido neutralizadas o desmembradas, así como el número de personas liberadas y sus nacionalidades”, la dependencia federal sostuvo que la información era “inexistente”.

Y de poco sirvió la intermediación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que luego de analizar el tema ordenó a la PGR la “búsqueda exhaustiva en los archivos” y la entrega de la información requerida.

¿Inexistente?

“No existe registro alguno que concuerde con las características mencionadas”, es fue la escueta respuesta que ofreció el 1 de julio pasado a la solicitud que 27 días antes le había sido presentada a la PGR por este reportero sobre el tema de trata con fines de explotación sexual.

Esto a pesar de que a principios de año, elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y la Policía Federal Preventiva (PFP), habían detenido a casi 90 personas relacionadas con una investigación en torno a una red de “tratantes de blancas” que operaba en Puebla, como se puede leer en una nota periodística de El Sol de Puebla de esos días.

El caso fue retomado el 13 de junio por el IFAI para su análisis y en su argumentación el IFAI reconoce que al  menos desde el 2003 se estableció en el “Protocolo para prevenir la trata de personas” y que por trata se entenderá:

“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

El estudio del caso presentado en el pleno por la presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, reconoce también que la PGR como integrante de la Comisión Intersecretaríal para coordinar las acciones en materia de trata tiene la facultad de recopilar los datos estadísticos relacionados con “la intensión de publicarlos periódicamente”

“La información deberá contener de manera desagregada: El número de detenciones, procesos judiciales, número de condenas de traficantes y tratantes de personas; el número de víctimas de trata, su sexo, estado civil, nacionalidad; y los datos correspondientes a la rutas”, entre otros, es decir, gran parte de la información que les fue solicitada.

La resolución que fue aprobada por unanimidad del pleno también reconoce que jurídicamente Siedo, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), entidades que dependen de la PGR, cuentan con los atributos necesarios para conocer del tema.

En la revisión documental de boletines de prensa emitidos por la propia PGR el IFAI halló al menos cinco referencias a acciones y detenciones de personas involucradas con la trata con fines de explotación sexual, como el caso de la red divas.com.mx encabezada por Antonio Santoyo Cervantes que operaba en hoteles y lugares ubicados de la ciudad de Puebla, Guadalajara, Estado de México, Monterrey, Querétaro, Veracruz y Cancún.

También se reconoce en un boletín fechado el 24 de enero del 2009 que la PFP detuvo a “19 presuntos integrantes de una red de trata de personas” que operaba en varios puntos de la ciudad, entre ellos la ferretería “La Roca” ubicada en la 14 poniente número 310-B por lo que se inició la averiguación previa PGR/FEVIMTRA-C/VCM/069/09-08, ý se ordenó el cateo de la ferretería señalada de dos casas de citas “Labios compartidos” y “Deseos” ubicadas en las colonias Ampliación Aquiles Serdán y Prados Agua Azul respectivamente, y un inmueble ubicado en la 27 poniente número 2107 de la colonia Volcanes.

En el operativo se aseguraron a 52 mujeres y 47 hombres, de los cuales “ocho mujeres y 11 hombres, presuntos integrantes de un red de trata fueron trasladados a la Ciudad de México para continuar con las investigaciones”.

Oídos sordos

Ninguno de esos argumentos fue suficiente para la PGR, después de cuatro meses de iniciada la solicitud y tras la intervención del IFAI, la dependencia ratificó “la inexistencia de la información solicitada”.

En el oficio de cuatro folios la dependencia sólo reconoció que en el mes de enero de 2009 la Fevimtra “inició una averiguación previa en donde se logró el aseguramiento de siete responsables del delito de lenocidio, que por ser competencia del fuero común se declinó la misma a la Procuraduría General de Justicia del estado en cita”.

La historia que se narra en el Diagnostico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México realizado en conjunto entre la CNDH y el Centro de Estudios e investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas), no hace más que apuntalar la idea de que Puebla no es ajena al delito de trata de personas.

Castigo menor

En Puebla el castigo para los delitos de trata de personas, que incluye comercio sexual, explotación laboral y extirpación de órganos, “sólo se castiga con una pena de 4 a 9 años de prisión, es decir, tres veces menos que la pena máxima considerada en la para prevenir y sancionar la trata de personas que puede llegar hasta 27 años”, según un estudio comparativo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Un análisis comparativo entre las legislaciones de 21 estados que reconocen y castigan el delito se reconoce que las deficiencias jurídicas en Puebla abren campo para una reforma en la materia.

Tan sólo en lo que respecta a conductas tipificadas la ley federal en la materia, el Código Penal de Colima y la legislación que en la materia aprobó recientemente el Congreso de Chiapas, enuncian ocho verbos, Puebla sólo sanciona seis conductas.

Sólo ocho marcos normativos estatales se encuentran alineados en mayor medida con la definición del Protocolo de Palermo y a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Puebla no se encuentra dentro de ese grupo.

De las 21 entidades federativas que tipifican el delito, 13 no incluyen los medios comisivos; éstas son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala.

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