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Ernesto Aroche Aguilar

Contrario a lo que podría pensarse la desaparición de mujeres no es un problema ajeno al estado ni una situación menor, por el contrario cifras de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) revelan que durante los cinco años que lleva en funciones la administración marinista se han recibido dos reportes de desaparición de féminas diariamente.

Los datos, proporcionados a regañadientes por la dependencia estatal a una solicitud de información pues hubo que esperar meses y la intermediación de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), reconocen que entre el 12 de enero del 2005 y el 21 de junio de 2009 se han registrado 3 mil 323 denuncias por esa situación.

La información oficial también revela que cerca del 50 por ciento de todas las denuncias corresponden a menores de edad, y que se dispara por arriba del 80 por ciento cuando se agregan a las mujeres menores de 30 años.

La desaparición de mujeres en territorio poblano supera en algunos momentos los datos que registra la organización no gubernamental chihuahuense “Nuestras hijas de regreso a casa”, la asociación civil vinculada con la lucha contra los feminicidios en Ciudad Juárez dio a conocer que en el primer trimestre de 2008 se tenían reportadas 40 desapariciones, en el mismo periodo la PGJ poblana recibió 256 denuncias.

Para 2009 la tendencia se mantiene, hasta mayo en Ciudad Juárez los datos de la ONG sumaba 18 reportes de menores de edad desaparecidas, en el mismo periodo Puebla contabilizaba 405 reportes de mujeres en general, 228 de los cuales corresponden a adolescentes que no superan los 18 años de edad.

En los cinco años que lleva trabajando el gobierno que encabeza Mario Marín es en 2007 en donde se registró el mayor número de denuncias presentadas al contabilizarse mil 402 casos; para 2008 el volumen total de expedientes iniciados por desaparición de personas del sexo femenino bajó ligeramente al totalizar mil 154 casos.

En tanto que para el periodo enero-junio de este año suman ya 568 y si el ritmo de denuncias mensual que fluctúa entre 80 y 60 casos se mantiene se podría cerrar el año con una cifra superior a los mil expedientes.

Lo que los datos no explican ni tampoco autoridad alguna es el crecimiento exponencial que se dio entre 2006 y 2007 al incrementarse en más de 10 veces el número de expedientes de 137 a los mil 402 ya referidos.

La información dura que entregó la dependencia de marras tampoco ubica geográficamente el lugar de origen de las mujeres desaparecidas, ni el sitio de desaparición o si se trata de expedientes concluidos.

De hecho la PGJ se negó inicialmente a dar a conocer la información e incluso retraso más allá de los tiempos legales la entrega ordenada por la CAIP una vez que ésta se pronunció sobre el caso.

Crónica de una negativa más

Fue en febrero de 2009 cuando la reportera Kara Castillo presentó una solicitud de acceso a la información pública con el número PUE-2009-000119 para conocer el número de desapariciones y asesinatos dolosos de mujeres sin resolver en el estado a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

La PGJ tardó 30 días en responder que se trataba de información “reservada” parapetándose en los artículos 12 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, es decir, la negativa tenía que ver con “la difusión de datos personales, prejuicio en las investigaciones y averiguaciones previas y un potencial peligro en la prevención del delito”.

Fue necesario el recurso de revisión interpuesto ante la Comisión de Acceso a la Información para revertir los argumentos, así, se trasparentaron los registros que revelan el nombre de la desaparecida, la edad, la fecha del reporte, “el folio” (que guarda el expediente aún sin resolver) e incluso se ofrece el número progresivo que llega a los 3 mil 323 pero se omite el lugar de residencia y de la desaparición.

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