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Ernesto Aroche Aguilar

El gobierno la ignora. Los diputados se han olvidado de ella luego de aprobar una ley deficiente, según especialistas. Su alcance es prácticamente nulo, pues su única función es recomendar y exhortar, y quedó limitada al aparato estatal unicamente. Además es, hasta el momento, el único órgano en todo el país que no tiene atribuciones para administrar o conocer del sistema electrónico gubernamental.

Las señales son muy claras, en la práctica la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) se ha vuelto una oficina de membrete que poco o nada puede hacer para defender el derecho a la información del ciudadano.

Sus propios integrantes lo reconocen, uno abiertamente: Samuel Rangel el presidente; otra más a regañadientes: Blanca Lilia Ibarra, comisionada de recien ingreso; el tercer miembro del organismo, Antonio Juárez Acevedo, incluso fue destituido pero aún da la pelea en los tribunales para mantenerse dentro de la Comisión.

Y es que la reforma constitucional del 2007, y la modificación obligada a la ley estatal de Transparencia sólo sirvieron para hacer más deficiente la posibilidad del ciudadano de conocer el uso de los recursos, las razones en la toma de decisiones gubernamentales e incluso los salarios desglosados de los funcionarios gubernamentales.

Recomendaciones ignoradas = incumplimiento de la ley

Hace 7 meses, el 24 de noviembre pasado, Antonio Juárez Acevedo, entonces presidente de la CAIP, envió un exhorto para que los 50 sujetos obligados de transparencia gubernamental cumplieran con la reforma a la ley estatal que elevó de 12 a 14 puntos la obligación básica de oficio.

La modificación a la ley, que entró en vigor el 18 de julio pasado, ordena que desde esa fecha se haga pública “la información relativa a los recursos públicos que entreguen los Sujetos Obligados a personas físicas y morales, así como la información completa y actualizada de los indicadores de gestión”.

El acuerdo tomado por el pleno a principios de ese mes señalaba: “es deber de los Sujetos Obligados poner a disposición del público información diversa de interés general, que contribuya a hacer transparente la actividad gubernamental”.

Puntualizando además que dicha información debería estar disponible por medio electrónicos, es decir en las páginas web de transparencia del gobierno del estado.

El argumento señalado en el acuerdo de marras invocaba la facultad de la CAIP de “vigilar el cumplimiento de la Ley, emitir recomendaciones a los Servidores Públicos para que den cumplimiento específico al artículo 9 de la Ley y aprobar cualquier disposición  para garantizar el acceso a la información”.

Siete meses después del exhortó, y 11 meses después de la entrada en vigor del nuevo marco normativo la respuesta del gobierno estatal ha sido nula.

Samuel Rangel, actual presidente del organismo lo reconoce: “hemos tenido reuniones con  los titulares de las áreas de transparencia de los sujetos obligados. Le he dicho como están sus páginas de internet. Lo que estoy haciendo es decirles, ‘señores, no están cumpliendo con la ley’, tengo mucha fe en lo que me dicen que van a cambiar. Tengo claro que el tema de acceso a la información y rendición de cuentas es un tema nuevo, me queda claro que es un tema más en la agenda de 20 mil temas de los sujetos obligados, pero les estamos insistiendo, poniéndoles este semáforo amarillo: ‘señores, no están cumpliendo con la ley’”.

“El año pasado, remitimos a cada uno de los sujetos obligados un oficio, a cada uno, pidiendo que cumplan con la reforma, han pasado seis meses (siete en realidad), y no ha habido cambios, pero yo no puedo, ni el pleno puede sancionar, mandamos un oficio, ‘oyes, así estás’, y hasta ahí llega mi chamba, ya no sé que hacen después”.

De acuerdo con el funcionario, a quien le corresponde obligar y presionar para atender los cambios y las peticiones es a las propias Udapis (Unidades Administrativas de Acceso a la Información), pero difícilmente irán más allá.

El contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, ha señalado de manera reiterada que no se tienen los indicadores de gestión y que la ley les ofrece una prórroga no cuantificada, y a pesar de que la CAIP especificó en el acuerdo que fue circulados entre los sujetos obligados cuales deben ser los indicadores.,

Pero además, explica el presidente de la CAIP, se han tenido al menos cuatro reuniones con los titulares de las Udapis en las instalaciones del órgano garante, sin que se haya cumplido hasta el momento con el exhorto y la propia ley, que entró en vigor el 18 de julio pasado, hace más de 11 meses.

“Es un área de oportunidad (para el gobierno estatal), no puedo yo hacer más, les mandamos oficios, tuvimos cuatro reuniones para hablar del cumplimiento de los 14 puntos del artículo 9 de le ley, si no responden ya no podemos hacer más”.

Reprobados

El mes pasado y a solicitud expresa la CAIP dio a conocer sus evaluaciones a las páginas de transparencia estatal. El resultado deja mal parado a la administración marinista pues de los 50 sujetos obligados sólo uno –la Comisión de Mejora Regulatoria–  logró una calificación “aprobatoria”, confirmando lo que las voces de periodistas, ONGS y empresas consultoras han dicho hasta el cansancio: la transparencia gubernamental marinista es simple opacidad.

Las páginas de la oficina del gobernador del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS); de Gobernación (Segob); de Educación Pública (SEP); de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) ni siquiera alcanzaron a rozar los 50 puntos.

Y ha sido en el rubro financiero, el que involucra justamente uno de las razones de ser de la transparencia: la rendición de cuentas, en donde más deficiencias se han encontrado.

¿Infomex?

La reforma a la ley en la materia, aprobada por la aplanadora priista con el rechazo de la oposición, otorga una prórroga de un año, que se cumple dentro de 30 días, para modificar el sistema electrónico de transparencia.

A principios de 2009 el gobierno marinista firmaba un convenio con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para que se instalara el sistema Infomex, un modelo estándar patrocinado por el Banco Mundial.

En este último caso la CAIP fue dejada de lado, según explica Samuel Rangel: “la Comisión fue excluida cuando se firmó el convenio para el Infomex, no tenemos nada que ver. Eso lo firmó el gobierno del estado con el IFAI. Te puedo afirmar que somos la única comisión de acceso a la información en todo el país que no tiene injerencia en la modificación y el proceso; y dos, no lo administra”.

Y puntualiza: “El sistema Infomex lo va a administrar el gobierno, no nosotros. En caso de que realmente se instale”.

LA INFORMACIÓN INEXISTENTE

Con la modificación a la ley de transparencia estatal la información básica de oficio –es decir aquella de que debe estar disponible y actualizada en todo momento en las páginas de transparencia— aumentó de 12 a 14 los apartados.

Esos dos nuevos apartados incluyen los datos sobre los recursos públicos que se entreguen a personas físicas y morales, y la publicación de los indicadores de gestión. Nada de eso se ha cumplido hasta el momento.

Estos los dos apartados, según la explicación y puntualización que la CAIP hizo llegar a los sujetos obligados en noviembre del año pasado.

Fracción XII.-La información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas y morales, conforme a las leyes de la materia;

Con relación a esta fracción se debe publicar lo relativo a todos los recursos públicos que se entreguen a personas físicas y morales con independencia de que estas personas sean de orden público o privado y con independencia de que se entreguen a través de un programa específico y debe contener como mínimo:

a) Nombre del programa, en su caso.
b) Justificación.
c) Convenios celebrados, en su caso.
d) Reglas de operación, en su caso.
e) Beneficiarios.
f) Unidad administrativa que los otorga.
g) Criterios de la unidad administrativa para otorgarlos.
h) Periodo por el cual se otorgaron.
i) Características de entrega (especie o dinero).
j) Monto entregado.
k) Resultados periódicos mensuales o anuales, según corresponda.
l) Informes sobre el uso y destino de los recursos entregados.

Fracción XIII.- La información completa y actualizada de los indicadores de gestión, entendiéndose por éstos a los índices de medición establecidos en los planes y programas previamente aprobados en términos de Ley;

La información completa y actualizada de los indicadores de gestión debe publicarse con independencia de la difusión de los Programas Operativos Anuales exigidos por la fracción VI, sin embargo los Sujetos Obligados podrán publicar también el Programa Operativo Anual completo en esta fracción.

En cuanto a esta fracción deben publicarse los indicadores de gestión aprobados en los Programas Operativos Anuales de cada uno de los Sujetos Obligados, así como en otros planes y programas que contengan indicadores de gestión. La información debe contener como mínimo:

a) Objetivo a evaluar.
b)
Nombre del indicador.
c) Fórmula del indicador.
d)
Variables.
e) Valores de las variables.
f) Meta del indicador anual programada.
g) Resultados de la evaluación trimestral del avance del indicador y resultado acumulado anual.

Fuente: Acuerdo del pleno de la CAIP sesión 20/08  Artículo 9º Ley de Transparencia del estado de Puebla

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