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Ernesto Aroche Aguilar

A un día de que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, rinda su Cuarto Informe de gobierno, el saldo de la gestión es que el 40 por ciento de las obras iniciadas en su mandato presenta retraso en el tiempo de construcción o incremento en su costo.Datos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, que pueden ser consultados en su página web, reconocen que de las 465 obras -iniciadas entre 2005 y 2007- 189 tienen algún tipo de señalamiento por retrasos o modificación de precios al alza.

Sin importar la figura legal para la asignación, en todos los formatos se encuentran problemas con los tiempos de entrega, que en algunos casos han extendido hasta cinco veces el plazo original; y con los precios que se paga por la obra, se ha llegado a superar en 150 por ciento el precio original, lo mismo en las adjudicaciones directas, que en las invitaciones a grupos de constructores o en licitaciones públicas.

Aunque es en esta última modalidad donde se observan los mayores retrasos, pues el porcentaje pasa del 40 al 64 por ciento.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también ha señalado la existencia de problemas en las obras. En el análisis a la cuenta pública estatal de 2006 —la más reciente— la dependencia federal detectó retrasos de la construcción de los cinco Centros de Operación y Emergencia que se proyectaron para el interior del estado, en la ampliación al edificio de dormitorios en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla y en la construcción de la base de operaciones del municipio Albino Zertuche, obras que fueron pagadas con recursos del ramo 33.

Hasta el momento ninguna de las observaciones realizadas por la ASF ha tenido consecuencias, como reconoció la Contraloría del estado a una solicitud de información.

Estacionamiento de finanzas

El 20 de septiembre de 2006 el gobernador Marín colocó la primera piedra para la construcción del estacionamiento de la Secretaría de Finanzas, un inmueble “con capacidad para 920 vehículos y con 4 mil metros cuadrados dispuestos para área comercial”, informaba el boletín oficial de gobierno.

La inversión pactada, continúa el documento, fue de “107millones de pesos y cubrirá la necesidad urgente de estacionamiento en la zona. El mandatario estatal refirió que así se ofrecerá mayor comodidad, tranquilidad y seguridad a los automovilistas que acuden a las oficinas oficiales (sic) para ejecutar algún trámite”.

Hasta el momento el estacionamiento no ha sido puesto en funciones y el secretario de Finanzas ha extendido una y otra vez los plazos para tal efecto.

La obra, a cargo de la empresa Unión Presforzadora SA de CV, tendría que haberse iniciado el 29 de agosto de 2006 para concluirse el 31 de diciembre de ese mismo año. La obra inició, como ya se dijo, casi un mes después. La prórroga que se extendió corrió el plazo de entrega hasta el 23 de enero de 2007, el aplazamiento se firmó justo un día después de que Marín ponía la primera piedra.

Actualmente la empresa tiene a su cargo la construcción del nuevo Centro de Exposiciones y ya también se han reportado retrasos.

Retrasos, la constante

En los casos más extremos la conclusión de las obras se ha extendido hasta cinco veces de los plazos originales.

Ejemplo de ello es la conservación del camino de Santa Clara Ocoyucan que fue adjudicado directamente a la Constructora y Arrendadora Milán. El contrato original fue pactado para realizarse entre el 17 de julio al 6 de agosto de 2006, pero luego de varias prórrogas la fecha de entrega se corrió hasta el 4 de noviembre del mismo año, pasando de 21 días naturales a 111 días naturales de construcción.

Para 2007 se reporta el caso más extremo, la Constructora Torres González inició una serie de obras de mantenimiento en el sistema eléctrico en Casa Aguayo, la casa de gobierno. El plazo pactado con el gobierno estableció un periodo de 14 días naturales, del 3 de abril al 16 de mismo mes, después de varios convenios el plazo de ejecución se extendió 137 días al establecerse como fecha final el 31 de agosto.

Otro caso fue la sustitución de un centro de salud en la capital poblana que tuvo que esperar cuatro meses para el arranque de las obras “por falta de disponibilidad del inmueble”.

Inaugurado para no operar

El 10 de junio de 2008 e-Consulta informaba que el hospital construido en el municipio de Huauchinango se mantenía cerrado a ocho meses de su inauguración.

Y explicaba: “El nosocomio de Huauchinango requirió una inversión de 20 millones 330 mil de pesos, pero hasta la fecha se mantiene cerrado. El subdirector de Servicios Médicos de la administración estatal, Ramón de Ita, argumentó que el hospital no ha podido iniciar operaciones, debido a que las autoridades municipales no han logrado instalar el servicio de luz eléctrica”.

“Al caso de Huauchinango se le suma la Unidad de Quemados ubicada en el Hospital del Niño Poblano, cuya construcción y equipamiento costó 47 millones de pesos de recursos federales. Los representantes de Servicios de Salud del Estado de Puebla argumentan que el atraso surge porque Finanzas no ha aprobado los recursos requeridos para contratar personal. A su vez la SFA sostiene que esto es así porque la petición formal nunca llegó a sus oficinas. Mientras tanto, las 10 camas que se adquirieron para atender a personas quemadas siguen vacías y SSEP continúa calibrando equipos y capacitando a los empleados”.

Ese no fue el único caso, el 17 de agosto ese mismo portal daba a conocer que desde junio de 2008 la Secretaría de la Función Pública exigía se reintegraran 64 millones de pesos que no fueron ejercidos por el gobierno estatal para la construcción del Hospital Integral de Cuetzalan, como parte del programa Procedes, a pesar de que desde el 7 de octubre de 2007 el gobernador del estado había puesto la primera piedra de la construcción.

El nosocomio debía contar con 10 consultorios, dos quirófanos, sala de expulsión, 30 camas para hospitalización, laboratorio, Rayos X, fisiatría, urgencias, farmacia y estará en un terreno de 19 mil metros cuadrados, según informaba el boletín oficial.

La licitación para la obra se lanzó días después de que se hiciera público el retraso, según dio a conocer el entonces encargado de despacho de los Servicios de Salud en el Estado, David Villa Issa.

En obras por licitaciones públicas, las mayores irregularidades

Y aunque las deficiencias se encuentran lo mismo en las adjudicaciones directas que en las licitaciones públicas, es en ésta últim amodalidad donde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas reconoce más irregularidades, no sólo en la extensión de los plazos de entrega, sino incluso en el incremento de los precios originales.

Ejemplo de esto es la construcción del segundo cuerpo del arco poniente del anillo periférico, sus tres tramos tienen deficiencias y aumento en los precios. El tramo B de esa obra carretera, asignada a las empresas Maquinaria y Pavimentos de Puebla, Constructores Unidos de Puebla y Constructores Civiles Angelopolitanos, requirió una ampliación en tiempo y presupuesto a los pactados en la licitación pública que se aprobó el 12 de enero de 2006, cuatro días antes del arranque de las obras.

La fecha original para la entrega del tramo carretero, 14 de junio de 2006, se corrió tres meses más, sería entregada a las autoridades el 9 de septiembre de ese mismo año, pero algo pasó en el camino pues se pactó entre las empresas participantes y la dependencia un “Convenio modificatorio en monto”, el contrato de transacción acordado por las partes elevaban en 13 millones de pesos los 137.3 millones iniciales.

Además, el plazo de ejecución volvió a ser modificado extendiéndolo otros tres meses, pactando como fecha de entrega el 31 de diciembre de ese año. En total la obra requirió un año y no los seis meses pactados al inicio de la obra.

En el tramo C de esa vialidad, a cargo del Grupo Jade Consultor y Constructor y de Empresarios Unidos de la Construcción, también se firmaron convenios de diferimiento en plazo, corriendo dos meses la fecha de entrega original.

Por su parte, el tramo A también reporta problemas, las tareas de supervisión y verificación de la calidad a cargo de Ingeniería Ambiental y Urbana requirió cuatro meses más a los seis iniciales y una modificación en monto, aunque los documentos oficiales no señalan a cuánto ascendió.

La obra, una vialidad de cerca 12 kilómetros de longitud que con una inversión de 370 millones de pesos, fue inaugurada por el gobernador mes y medio después, hasta el 18 de febrero de 2007.

Ese mismo año una de las megaobras de la administración estatal que reportó varios retrasos, de entrada la construcción de los accesos y la vialidad interna de La Célula –un Nodo intermodal y recinto fiscalizador—requirió 60 días hábiles más a los pactados originalmente, en consecuencia la construcción del edificio aduanal también reportó un retraso de dos meses.

Los precios casi se triplican

Los retrasos no son el único problema que enfrenta la obra pública que ha iniciado el gobierno del estado, los incrementos en los costos iniciales son también moneda de cambio.

Uno de los casos extremos fue la construcción de la Unidad Deportiva de Santiago Huixcolotla, la obra que se encareció al aumentar su precio final en 144 por ciento al precio original pactado.

El contrato original que fue firmado con la empresa Convalsa Construcciones Álvarez SA de CV, estableció un precio de 2.9 millones de pesos, pero terminó costando según información oficial 7.1 millones de pesos, casi triplicando el precio original.

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