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El  sistema judicial poblano está en el sótano en el país,  según varios estudios

Ernesto Aroche Aguilar

 El nivel de eficiencia del sistema judicial a nivel nacional no supera el 1 por ciento, aseguró hace unas semanas el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, durante una visita a la entidad. En Puebla la situación no es distinta, lo reconoció el especialista.

 Los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJE) y algunos organismos no gubernamentales dedicados al monitoreo de los temas de seguridad y justicia apuntan a lo mismo.

 Pero no son los únicos, análisis realizados por organismos que miden la competitividad en el país y en los estados, como el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), el Banco Mundial (BM) y Transparencia Mexicana (TM) ubican al sistema judicial poblano en el sótano en el país y como uno de los grandes problemas que arrastra en su conjunto la entidad con un alto costo económico y social.

 El IMCO sostiene en su último análisis a la competitividad en el país que Puebla es “el estado con menor calificación en el índice de imparcialidad de los jueces” y el que “menor calidad institucional de la justicia”, presenta.

 Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad A.C. (ICESI), lo dice sin pelos en la lengua, al ser entrevistado por VOR: “en Puebla sólo se denuncian uno de cada diez delitos que se cometen”, cantidad que se mueve peligrosamente en los índices más altos de “cifra negra” que maneja el organismo que es patrocinado por la iniciativa privada.

 El indicador del ICESI para el estado duplica la media nacional, como se observa en la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad Urbana 4 señala que una de cada cinco víctimas denuncia el delito.

 

La frialdad de los números

Y si sólo el 10 por ciento de los delitos que se producen llegan a ser reportados ante las autoridades encargadas de la procuración de justicia —policía investigadora y ministerios públicos— sólo el 10 por ciento de éstos concluye el proceso con una sentencia condenatoria.

 Pongámoslo en números. Para 2005 la entidad registró 55 mil 918 denuncias por delitos que derivaron en averiguaciones previas a manos de agencias el ministerio público —según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública—, las proyecciones del ICESI hacen prever que el número de incidentes delictivos supera los 560 mil.

 De las 55 mil 918 investigaciones iniciadas la PJGE consignó, es decir entregó a los jueces sólo 10 mil 284 casos —menos del 18 por ciento—. De esos 10 mil y tantos procesos judiciales sólo se iniciaron 9 mil 30 juicios, los otros mil 254 proceso fueron rechazados por los juzgados por estar mal hechos.

 Al final de la cadena el Tribunal Superior sólo reporta para ese año haber dictado 6 mil 15 sentencias, lo que representa el 10 por ciento de las averiguaciones previas iniciales, y apenas el 1.07 por ciento de la cifra de delitos que estima del ICESI ocurrieron en ese año, el primero de la administración de Mario Marín (1). 

 Un empleado del tribunal consultado para este trabajo lo dice sin medias tintas, “el sistema está hecho para que te canses, te aburras y lo dejes, hay que dar miles de vueltas, mover cientos de papeles. En todos lados hay triquiñuelas o vericuetos. Los procesos aún cuando constitucionalmente tienen un año para resolverse pueden durar mucho más, pues los detenidos muchas veces renuncian a ese derecho para evitar pasar de presunto a sentenciado, eso implica un cambio de área en el penal que muchos prefieren evitar”.

 La impunidad

¿Qué oportunidad hay de que un delincuente termine purgando una condena, ante una realidad como esa? Muy poca sostiene Arango lo mismo en la entrevista que ofreció a VOR que en el Atlas delictivo que publicó este año la organización donde el investigador trabaja.

 Y no es con mayor número de policías en las calles como el problema se puede solucionar, sostiene el investigador, pues “muchas veces la presencia de los agentes de seguridad sólo genera más violencia por la forma en que está organizada nuestra policía, que está organizada para extorsionar y no para proteger al ciudadano, el tener más policías no va a resolver el problema, tener más patrullas no va a resolver el problema, esto tiene que ir de la mano con la ciudadanía, se tienen que tomar medidas en conjunto para disminuir la incidencia”.

 Lo que se necesita es que la ciudadanía denuncie más, “que acuda a la agencias investigadoras y denuncie, desgraciadamente no se tiene la confianza suficiente en los responsables para que eso suceda”.

 En el Atlas delictivo, accesible en la página web de la organización (http://www.icesi.org.mx), también se puntualiza: “La percepción de la población a la respuesta de la autoridad ante la denuncia de delitos del fuero común se ha deteriorado a través del tiempo” y la falta de denuncia tiene que ver “principalmente por la baja eficacia que percibe la población del sistema de justicia”.

 Seguridad pública a medias

Y aunque según el discurso oficial, Puebla es una de las entidades mejor posicionada en de seguridad pública a nivel nacional, hay datos, también oficiales, que apuntan a deficiencias en la materia.

 Deficiencia que, al menos en los números, fue reconocida por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, y el director de la Policía Judicial en el Estado, Hugo Isaac Arzola, por separado los dos jefes policiacos señalaron la necesidad de duplicar, por lo menos, el número de agentes de seguridad.

 Eso no impide que los dos encargados de la seguridad tanto judicial —en su fase de investigación y persecución  del delito— como municipal —encargados de la prevención del delito y la vigilancia— sostengan que Puebla estado y capital son “seguros” y los índices delictivos han ido a la baja.

 Aún cuando los robos a transeúnte, de autopartes y a casa habitación son la cotidianidad en Puebla como en casi todo el país; pero aunque Hidalgo Vigueras como Arzola Muñoz insisten en que van a la baja sólo el titular de la Seguridad Pública municipal aventura datos para sostener sus aseveraciones.

 “Recibimos el municipio con 180 incidencias delictivas semanalmente, a los dos meses teníamos 140, hace tres semanas registrábamos 126 y al día de hoy tenemos 121 y 130”.

 El director de la policía judicial sólo afirma que en el estado y en la capital han logrado inhibir el delito más recurrente “el robo en sus distintas modalidades. En eso las corporaciones han sido eficaces en mantener los márgenes de criminalidad bajos, por eso Puebla se considera una de las ciudades más seguras a nivel nacional”.

 De lo que no habla Arzola es del rezago que arrastran en el cumplimiento de órdenes de aprensión en 2003 se inició el año con 33 mil averiguaciones previas vigentes del año previo; para 2004 el número casi se duplicó al contabilizar 64 mil, un año después el rezago alcanzaba las 79 mil y para 2006 el número descendió un poco al sumar 70 mil investigaciones pendientes de concluir.

 Para Arturo Arango la realidad es que “el sistema de registro que se lleva desde los cuerpos policiacos está maquillado, están hechos para disimular e inhibir la denuncia ciudadana y así mantener, al menos en términos oficiales, bajos los índices delictivos, cuando la realidad en las calles es otra”.

 Eso ha provocado que la ciudadanía, “que se ha dado cuenta de que la autoridad le miente y en la que ha perdido credibilidad”, se organice ahora torno a su seguridad, “se vive bajo la paranoia de la inseguridad y todo gira en torno a eso, ya no la organiza alrededor del trabajo o la recreación, cómo era antes. Cada vez más hay restricciones autoimpuestas, pones bardas, rejas, pones sistemas eléctrico, se paga seguridad privada, todo para evitar ser víctima de un delito, y en la medida en que esto sucede eso es un reconocimiento de la falla de las autoridades”.

 Hacen falta jueces

Para el Magistrado Álvaro David López Rubí la receta para combatir no sólo el rezago sino incluso la impunidad que prevalece en el sistema de administración de justicia, se resuelve con más jueces “en los juzgados la administración es expedita, los términos son fatales, son garantías constitucionales de los mismo inculpados, se les atiende con la oportunidad debida, lo que sucede es que estamos saturados con el trabajo y tal vez no estemos cumpliendo con los tiempos que requiere la ley, pero esto en función que los mismos inculpados renuncian a su derecho de nos juzgados dentro del mismo parámetro que establece la constitución”.

 –¿Qué tanto saturados? –se le cuestiona

 –Tenemos 9 juzgados en la capital, esos señores jueces tiene que conocer más de 400 causas por año, eso complica las cosas.

 –¿Un número ideal de casos por juzgador?

 –Para cumplir con los parámetros adecuados requeriríamos mínimo del doble para que se conocieran unos 200 casos anuales por juzgador.

Para Pablo Fernández del Campo, diputado de filiación priista que encabeza la comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales en el Congreso local la solución es la misma y se ofrece como panacea con la reforma judicial que se promueve en todos los estados y que permitirá aumentar el número de juzgadores.

 “Tenemos el reto de implantar la reforma federal, principalmente en la vertiente de los juicios orales, que sin bien son ocho años hay que ir tomando decisiones graduales, sobre todo en materia de implantación de los espacios físicos, de prever cuanto personal más se va a necesitar. En el caso de los jueces se triplican, actualmente solo es uno el que atiende un caso y con los juicios orales pasan a convertirse en tres, esto obviamente triplica el personal además del apoyo legislativo”.

 -¿Incrementar el aparato burocrático del sistema judicial permitiría tener un mejor sistema?

 -No es una opción, es una obligación que nos marca la reforma en este lapso de ocho años, algunas medidas tendrán que tomarse antes, otras se irán aplicando gradualmente.

 

(1) Nota: Las sentencias dictadas para el 2005, año que se uso de referencia, no necesariamente implican delitos cometidos en ese año, ni siquiera consignaciones de averiguaciones previas del mismo año, pues el proceso es tan largo que puede abarcar varios años.

 

Condiciones para el aumento de la inseguridad

El problema en todo esto es que las condiciones económicas actuales son un caldo de cultivo para el aumento de la delincuencia patrimonial, y las pocas respuestas desde el gobierno federal y estatal no dejan de ser meros paliativos, curitas para la parar la hemorragia, como reconocen académicos y policías.

Para Arzola Muñoz la falta de empleo, “junto con otros factores puede elevar los índices delictivos”, y aunque no es del todo determinante si es “un ingrediente que sirve para incrementar los delitos”.

Y la misma perspectiva se observa desde la academia, Iván Ramírez Lecona, profesor de la licenciatura de Criminología en el área de seguridad pública, “los factores sociales como la falta de empleo o el cada vez más elevado costo de la vida pueden influir de manera importante en la comisión de delitos”.

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