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Ernesto Aroche Aguilar 

 La falta de transparencia, uno de los grandes pendientes que la actual administración estatal tiene con sus gobernados, podría ser subsanada, al menos en términos jurídicos, en los próximos meses si la legislatura actual aprovecha la posibilidad de llevar las reformas a la ley de transparencia estatal —que tienen como fecha límite junio de este año— a los estándares internacionales, sostuvo al ser entrevistada Perla Gómez Gallardo, coordinadora general de la organización Libertad de Información-México A.C. (LIMAC).

 De acuerdo con un análisis realizado por la organización no gubernamental a la calidad jurídica de las leyes estatales de transparencia, a Puebla vive una de las mayores opacidades gubernamentales en todo el país.

 La comparativa realizada por la ONG basada en 17 indicadores coloca a la ley estatal en el lugar 31 de 33 marcos normativos analizados (las 32 leyes estatales y la ley federal), sólo por encima de Guerrero y Nuevo León, con serias deficiencias en cuanto al principio de máxima publicidad, periodos de reserva y vías de impugnación, en donde obtuvo no más de 2.5 puntos de 10 probables, cuando no, cero.

 El estudio, que ya fue enviado al Congreso local, ofrece una serie de recomendaciones, —cuya lista para Puebla es “una de las más largas”, explica Gómez Gallardo— para subsanar las deficiencias de la ley que fuera aprobada en 2004, el último de la administración encabezada por el hoy senador Melquiades Morales Flores.

 Y aunque no se tuvo un acuse de recibo por parte de los diputados poblanos, asegura durante la conversación la coordinadora de LIMAC —organización creada y presidida por Ernesto Villanueva—, a pesar de que de la documentación se envió desde mediados del año pasado, se espera que en los próximos meses el acercamiento entre los legisladores se produzca.

 “Lo achacamos al cambio de legislatura que se vivió en los últimos meses, lo que buscaremos es un acercamiento con la nueva legislatura que será, además, a la que realmente le tocará hacer la reforma, y ofreceremos nuestra asesoría gratuita y los materiales que se necesiten para efectos de que tengan elementos para que puedan discutir”.

Las recomendaciones de LIMAC

 El estudio se realizó previo a la aprobación de la reforma al artículo sexto, explica en una breve charla que ofreció a esta casa editorial la coordinadora de LIMAC; “lo que tratamos de hacer fue anticiparnos, sabíamos que se iba a dar la reforma y que se tendría un año para aplicar los cambios en las leyes estatales, por ello hicimos un análisis por estado con una propuesta de mejora, en el caso de Puebla, que ocupa el lugar 31 de 33, tiene una de las listas más largas de recomendaciones”.

 En el caso concreto de Puebla se tiene que ampliar la lista de sujetos obligados, la lista que se ofrece hasta este momento no es tan exhaustiva y deja fuera a organismos y entidades que hacen uso de recursos públicos, como partidos políticos, ONGs y otros varios.

 “En cuanto a la interpretación de la ley se tienen que aplicar una redacción que integre más conceptos para hacerla mucho más clara. En lo que corresponde a Cultura de transparencia no se tiene tan claro que el gobierno tenga también la obligación de abonar en ese sentido y no nada más la Comisión. La información de oficio es pobre, tiene que trabajarse sobre una lista más exhaustiva de ese tipo de información”.

 “No está claro el que se tenga como norma el principio de máxima publicidad, así como tampoco la prueba de daño para la reserva de la información. El periodo de reserva es amplísimo, no se tiene contemplado un principio de gratuidad y la consulta directa como elementos de consulta”.

 No se cuenta con la afirmativa ficta como concepto —que establece que en caso de que la autoridad no responda en tiempo y forma se entiende que la respuesta se dio en sentido afirmativo— y eso tendría que quedar asentando en el nuevo marco jurídico, señala.

 Así, como una vía de impugnación amigable, “porque tienen actualmente un procedimiento bastante bizarro que complica el proceso, y lo ideal es que sea accesible”.

 “Esto se puede lograr con buena voluntad de Congreso local ya las recomendaciones están ahí, y se puede hacer tranquilamente una propuesta ciudadana desde la misma comisión o a través de organizaciones civiles, como la nuestra, sin ningún interés más que el de entregar un documento para abonar en el debate sobre el tipo de leyes que se requieren, porque una cosa es lo que dicta el artículo sexto y otra cosa la oportunidad que tienen no sólo de adecuar el marco local a la reforma, sino de hacer de la ley la mejor de todo el país, y esa es una oportunidad que ahorita tienen todos los congresos locales”.

 ¿Qué posibilidades tiene la CAIP de actuar si la ley la ubica como un órgano auxiliar de la administra pública estatal?

 Es importante que el Congreso valore la posibilidad de cambiar las atribuciones de la CAIP, como es una autoridad debe estar muy bien facultado en ley, por eso lo relevante de que en la ley haya esa actualización y esa reforma, llegando incluso a ser el órgano garante con mayores atribuciones del país. Lo que se necesita es mucha presión de la sociedad civil, de los periodistas, de que el Congreso asuma su responsabilidad de legislar lo que se necesita en el estado para que se cumplan los estándares internacionales, no es algo que se esté pidiendo a capricho, son estándares que se manejan en todo el mundo.

¿Y cuál fue la respuesta del Congreso a su análisis?

 Desde mediados del año pasado mandamos a todos los Congresos y órganos garantes nuestros resultados y recomendaciones, en el caso de Puebla no obtuvimos respuesta, pero lo achacamos al cambio de legislatura que se vivió, lo que buscaremos es un acercamiento con la nueva legislatura que será además a la que realmente le tocará hacer la reforma, y ofreceremos nuestra asesoría gratuita y los materiales que se necesiten para efectos de que tengan elementos para que puedan discutir.

Publicada en el blog sin // opacidad y en el portal de noticias e-consulta
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