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Ernesto Aroche Aguilar

Hasta el momento se desconoce el fin que tuvieron los 11 millones de pesos que fueron entregados a la Cooperativa de Vivienda Popular Juntos Organizados Venceremos, que dirige desde la cárcel quien fuera el cerebro financiero de los Amezcua, Cirilo José Ocampo Verdugo (JOV), por los más de 300 ahorradores que fueron defraudados en Puebla.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha mantenido el silencio sobre el caso, a pesar de que existe una petición formulada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través del subprocurador de Averiguaciones Previas y Procesos, Rodolfo Igor Archundia Sierra, para que se informe lo sucedido con las cuentas bancarias involucradas, confiaron a este diario fuentes cercanas al caso.

Ésta no es la primera vez que el organismo descentralizado del gobierno federal calla en referencia a la red de cooperativas que creó JOV desde su celda en el reclusorio norte, donde pugar una condena de 17 años. En 2005 la Cámara de Diputados emitió un punto de acuerdo para solicitar a la CNBV una investigación en torno a la red defraudadora, investigación de la que jamás se supo nada, aseguró en entrevista el ex diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, entonces presidente de la comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Entrevistado, el ex legislador aseguró que la CNBV sabía de la existencia de la red desde noviembre de 2004, como lo reconoció el entonces presidente del organismo en una comparecencia con diputados que se realizó en diciembre de ese año.

Ahí, Johnatan Davis Arzac informó que desde el 16 de noviembre de 2004 recibió una notificación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) en donde se le informaba de las actividades de la cooperativa Juntos Organizados Venceremos, que inició formalmente operaciones en septiembre de 2004, aunque fue constituida en febrero de 2000 en San Juan del Río, Querétaro.

La propia cooperativa intentó obtener la autorización de la comisión a finales de 2005 para poder operar como entidad autorizada para la captación de recursos, solicitud que le fue negada por no cumplir con los requisitos que establece la Ley de Ahorro y Crédito Popular, documentos que más tarde le servirían a la empresa, pues venían sellados por el organismo, para engañar a los ahorradores.

Incluso se pueden encontrar varias solicitudes en la base de datos del Instituto Federal de Acceso a la Información en donde se pide a la CNBV se especifique el estatus legal de la cooperativa. Es claro que el organismo siempre supo que la red de JOV estaba operando en todo el país y nada hizo para detenerla.

Lo último que se sabe, como ya se señaló, es que no han respondido a dos solicitudes enviadas por la PGJE —números de oficio 593/2007/DMS-VI y 594/2007/DMS-VI—, que pide copias certificadas de tres cuentas que fueron abiertas en el banco HSBC, y una cuarta en Banorte; así como también se informe si los implicados y acusados en el caso —entre ellos Christian Olaf Vázquez Pallares, quien ya fue detenido— abrieron cuentas a su nombre entre 2005, 2006 y 2007.

En Puebla, aunque son cerca de 300 los ahorradores defraudados, son sólo 115 quienes, con apoyo en un principio de la Procuraduría del Ciudadano, iniciaron el proceso legal en la PGJE; gracias a esto ya se analiza en el juzgado séptimo de lo penal el caso.

Hasta el momento son sólo dos los detenidos en el caso: José Mitre Martínez y  Christian Olaf Vázquez Pallares, quien se ostentaba como el representante regional de la empresa, a cargo incluso del estado de Veracruz, en donde el número de defraudados supera los 5 mil, y se espera el cumplimiento de varias órdenes de aprehensión más que no han sido cumplidas hasta el momento.

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