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  • Esta nota fue publicada el lunes 11 de junio de 2007, unos días después de que ordenaran congelar las cuentas de Casa de Cambio Puebla en Miami

Ernesto Aroche Aguilar

El 16 de mayo, una llamada telefónica puso en acción a oficiales de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), entre ellos Terry Franckhauser, de la oficina de Miami. Un funcionario del Wachovia Bank de esa ciudad informaba que los fondos de 23 cuentas, propiedad de Casa de Cambio Puebla S.A. de C.V., podría tener dinero proveniente del narcotráfico. La orden fue dictada de inmediato por autoridades civiles de Florida: embargo precautorio.

En respuesta, el director general de la compañía, José Antonio Gutiérrez de Velasco, contrató los servicios del abogado Frank A. Rubino para la recuperación de los fondos. Afincado en Miami, el penalista presume en su página web de “gran experiencia en la defensa criminal federal”, con especialidad en delitos de cuello blanco, lavado de dinero, tráfico de drogas, crimen organizado y corrupción pública. Y entre sus casos más sonados se encuentran la defensa del ex presidente panameño Manuel Noriega, acusado de narcotráfico y el terrorista Lamen Califa Fhimah, presunto responsable del atentado al avión de Pan Am.

El viernes pasado, 48 horas después de que se hiciera público el embargo, gracias a una investigación periodística del Miami Herald, uno de los ejecutivos y socios principales de la compañía financiera: el poblano Eusebio San Martín Fuente, negó que el embargo que mantiene congelados 10.8 millones de dólares, provenientes de 250 clientes, pueda afectar sus operaciones.

Lo anterior a pesar de que la medida solicitada por la fiscal adjunta de distrito en Florida, Andrea Hoffman, se basó en la presunción de que Casa de Cambio Puebla (CCP) estaría implicada en una operación de lavado dinero.

El financiero poblano también rechazó las versiones que incluían a Lourdes Marín Quintero, esposa del panista Francisco Fraile, dentro del Consejo de Administración, pero reconoció la presencia de otro integrante de esa familia: Gilberto Marín Quintero, también propietario del Grupo Mabe.

Y aunque no dio más datos sobre la conformación de ese cuerpo directivo, aceptó que los hermanos Gutiérrez de Velasco Hoyos –José Antonio y José Ramón, señalado en algunos medios veracruzanos como presunto responsable de enriquecimiento ilícito, luego de su paso por la alcaldía del puerto– forman parte de él. Por lo pronto, adelantó, el caso no será aclarado hasta antes del 16 de julio, cuando se abra el expediente.

“Una institución sin mácula”

“Tenemos más de 21 años de trabajo, y en ese tiempo no hemos recibido hasta el momento sanción alguna, ni de las autoridades nacionales ni de autoridades de otros países”, explicó en una larga conferencia de prensa el director comercial de CCP.

Ahí, Eusebio San Martín reconoció que el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales es un riesgo constante que se corre en ese tipo de empresas, pero insistió que hasta el momento y derivado de las 23 cuentas retenidas, las autoridades mexicanas no han iniciado investigación alguna.

Y deslindó: “Si un soldado está en la guerra le pueden meter un balazo, estamos sujetos a eso, nos puede pasar a todos, no estamos exentos de que haya pasado, no sabemos cómo, ni quién, ni cuándo, ni dónde se hicieron todas esas operaciones”.

Por lo pronto, adelantó, ya existe una investigación interna para detectar quién, cuándo y dónde se realizó la operación financiera que está siendo indagada por los agentes de la DEA.

El Wachovia actuó unilateralmente: CCP

Recibida la orden los funcionarios del Wachovia Bank, ubicado en el número 200 del South Biscayne Boulevard en Miami, procedieron a congelar las 23 cuentas requeridas –por un total de 10 millones 885 mil 89.48 dólares– sin dar aviso a la empresa administradora de los fondos: Casa de Cambio Puebla, como se desprende de la carta que envió el abogado Frank A. Rubino al agente de la DEA Terry Franckhauser.

Una vez que las transferencias electrónicas fueron bloqueadas y se pidió una explicación desde la empresa financiera mexicana, los empleados bancarios sólo informaron que se trataba de problemas técnicos en el sistema informático. Al día siguiente, el 17 de mayo, se informó a CCP que las cuentas se saldarían en cero como respuesta a la orden de embargo 072656CMM y se entregaría un cheque de caja a petición de una juez de lo civil, sin aportar más detalles.

“El dinero se quedó ahí y se incumplieron parte de los compromisos por el engaño del banco en cuanto a la falla de sistemas”, asentó San Martín Fuente; mientras que de acuerdo con el portal de noticias veracruzano, Notiver, el director administrativo de CCP, José Antonio Gutiérrez de Velasco, acusó al gobierno estadounidense de “abuso de autoridad”, pues la medida precautoria no ha sido explicada de manera oficial.

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