Ernesto Aroche Aguilar

Andrea, Antonia, y Lucia, no se conocen y a lo mejor nunca llegaran a hacerlo aunque tengan en común el mismo problema: las tres sufrieron acoso y hostigamiento sexual en sus centros de trabajo o en las inmediaciones de su hogar. Para desgracia de ellas tres y de los cientos de mujeres que viven todos los días el mismo problema, las autoridades poblanas han actuado con lentitud en la creación de un marco legal que limite y sancione ese tipo de prácticas, a pesar de que existe una iniciativa que fue enviada al Congreso local desde 2005.

Aunque eso estuvo a punto de cambiar pues la tarde de ayer se discutía en la comisión de Gobernación, de la LVI legislatura local una serie de reformas al Código Penal sobre el tema los diputados decidieron dejar para después su aprobación.

En Puebla, a pesar de que la participación de la mujer en los procesos productivos es superior a la media nacional, aún se espera la acción de los legisladores para que el estado ingrese al grupo de 17 entidades que ya protegen a las mujeres, y a los hombres también, de ese tipo de actos “que atentan contra la libertad sexual, el desarrollo psicosexual normal y representan una violación a los derechos humanos, civiles, laborales y sexuales de las personas”, como apunta el documento “Las mexicanas y el trabajo III” que emitió en 2004 el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el hostigamiento sexual “es la causa de que una de cada cuatro mujeres sea despedida y que cuatro de cada diez renuncien a su empleo”.

Y aunque en Puebla se carezca de datos precisos para medir su impacto, pues se trata de una situación que poco se denuncia y muchas veces se desiste de ello antes de llegar a la acción penal, como señala en entrevista el director de Asuntos Laborales de la Procuraduría del Ciudadano (PC), Jaime Francisco Mesa Mújica, la incidencia no es poca.

“Acá no trabajan mujeres que no acepten salir conmigo”

Lucía entró a trabajar en una empresa dedicada a los espectáculos en octubre de 2002. Casi tres años después, en agosto de 2005 su jefe inmediato la despedía por no haber accedido a las peticiones continuas y reiteradas de prestarse a “una convivencia más personal”.

El sujeto no dejó lugar a dudas cuando le informó que había perdido su trabajo y las razones para esa decisión: “hoy dejas de prestar tus servicios para la empresa, estás despedida, se te informó que aquí no podrían laborar mujeres, que no se prestaran a una convivencia más personal, bien te lo dije: sino aceptabas salir conmigo, ibas a perder tu trabajo”.

Lucia no dijo nada, lo miró con odio, con ese odio contenido a fuerza de aguantar una y otra vez los embates del sujeto, primero adulando, después insistiendo y al final presionando con amenazas para lograr sus favores sexuales, y después se dio la vuelta para marcharse con la impotencia entre las manos.

Aunque se trata de un problema de alta incidencia entre el sector femenino, las denuncias que traspasan el umbral de lo anecdótico para pasar al plano legal son muy pocas, afirman lo mismo defensores sociales, como representantes del sector laboral en el estado y asesores legales del Instituto Poblano de la Mujer (IPM).

Pues o se carece del marco legal para actuar o “se trata de un problema cultural. Las mujeres no denuncian pues la idiosincrasia nacional, de claros tintes machistas, genera sentimientos de culpa en las compañeras y les genera problemas personales, familiares y de índole diversa; las trabajadoras aguantan hasta más no poder y aunque terminan renunciando pocas veces acusan” asegura Fernando Castro Azuara, titular de la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo (Profedet) en Puebla.

Las consecuencias del hostigamiento sexual en el trabajo tienen profundos efectos negativos no sólo para la víctima –estrés, frustración, pérdida de autoestima, desmotivación, ausentismo–, sino también para el resto del personal que debe desarrollar sus actividades en ambientes hostiles que afectan su desempeño

“A nivel empresa el problema significa decremento de sus niveles de productividad, una imagen desfavorable y un clima laboral negativo; para la sociedad en su conjunto, este tipo de prácticas constituyen un severo obstáculo para lograr la igualdad y la equidad de género”, apunta por su parte el documento del Inmujeres.

Sólo que Lucía no se quedó callada. Tras algunos días de pensar y darle vueltas al asunto decidió encarar el problema. Primero buscó asesoría legal en la Profedet, después acudió con algunos de sus compañeros y compañeras de trabajo que fueron testigos del actuar del que fuera su acosador e integró una demanda por despido injustificado que aún se dirime en los tribunales.

Afortunadamente para Lucía varias de sus compañeras decidieron junto con ella encarar el problema y presentaron su testimonio, el otro gran escollo que hay que superar cuando se busca la vía legal, señala por su parte el penalista laboral Mesa Mújica.

“Las pruebas que tomamos en consideración son: la confesión del agresor, situación que difícilmente se logra, sobre todo si se toma en cuenta que muchas veces se trata de alguien que abusa del poder que le confiere su calidad de patrón o el orden jerárquico; el otro elemento son los testigos, quienes generalmente demuestran el acto oprobioso. La situación ahí es que generalmente son amenazados por el patrón o su representante con la perdida del empleo si declaran”.

“Me he de comer esa tuna aunque me espine la mano”

El hostigamiento “es un problema legitimado por la cultura”, asienta tajante Gabriela Paredes Olguín, jefa del departamento jurídico del IPM, “estamos acostumbrados a que un no de un mujer puede significar un sí, hemos sido educados de esa manera”.

Y eso lo sabe bien muy bien Andrea, quien desde hace varios años arrastra consigo un hostigador a sus espaldas. Para desgracia de Andrea, el sujeto en cuestión, funge como su jefe directo lo que la obliga al contacto diario, a recibir ordenes y escuchar piropos y declaraciones de amor que ha aprendido sistemáticamente a rechazar.

La OIT define al hostigamiento como “una conducta de naturaleza sexual, y toda conducta basada en el sexo y que afecte la dignidad de las mujer es y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe”

Se trata, apunta por su parte Inmujeres, “de aquellas conductas verbales y físicas que contienen aspectos relacionados con la sexualidad y son recibidas por alguien sin ser bienvenidas. Estas acciones son repetitivas, vistas como premeditadas, y aunque persiguen un intercambio sexual no necesariamente lo alcanzan. Y provocan sensaciones de humillación, insatisfacción personal, molestia o depresión; ofenden a quien las recibe e interfieren con sus actividades cotidianas”.

Es una forma de discriminación de género en la que las mujeres están mucho más expuestas a ser las víctimas directas e indirectas, debido a que carecen de poder, se encuentran en posiciones más vulnerables e inseguras y niega el principio de igualdad de trato y de oportunidades de las personas en el trabajo; “por ello contraviene las disposiciones de la constitución política mexicana, en la que se prohíbe la discriminación y se establece la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Del mismo modo, trasgrede los instrumentos internacionales vinculatorios ratificados por México, cuya observancia es obligatoria”.

Para diferenciar el hostigamiento de un simple coqueteo, remata Paredes Olguín, es necesaria la reciprocidad o la aceptación de las atenciones, sino se cumple con esto se trata de hostigamiento.

Andrea lo tiene bien claro, una y otra vez a rechazado al individuo, está harta la situación y en su búsqueda de ayuda se ha encontrado con que el estado no tiene tipificado como delito esas actitudes, lo que ha limitado seriamente su capacidad de acción.

Una limitante, agrega Mesa Mújica, es demostrar la agresión, pero si esto se logra existen los mecanismos para su defensa. En la PC, “buscamos tipificarlo desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 51 establece que puede ser causal para que la trabajadora se retire de manera justificada y tenga derecho al pago de las indemnizaciones, en tanto que el patrón o los representantes del patrón o de la empresa, incluso los familiares del patrón, incurran en faltas de probidad y honradez”.

“La indemnización a la que obliga la ley será de 3 meses de salario, más el importe de 20 días de salario por cada año de trabajo prestado, más su prima de antigüedad que no será menor a 12 días por cada año de servicio y el pago correspondiente a la proporcional de aguinaldo y prima vacacional”.

La mediación, solución a medias

El IPV ofrece una mediación en esta clase de problemas, acota Olguín Paredes. “Y nos ha funcionado. Citamos a las partes, le hacemos ver al acosador que existen mecanismos legales para ejercer acción en su contra, buscamos delitos punibles dentro de la acusación, pues el acoso u hostigamiento como tal, no es un delito aun cuando sea reprobable. Y le hacemos ver que la mujer no está sola”

El sistema funciona en algunos casos, reconoce la abogada. O por lo menos le funcionó a Antonia, quien a sus 68 años fue víctima del acoso de su joven vecino de 25 años. “En ese caso, luego de la mediación, acordamos que la barda que dividía a las casas se elevara lo suficiente para impedir que el joven intentará brincarla y le hicimos entender que teníamos pruebas de allanamiento de morada, pues no podíamos enfrentar un juicio por acoso”.

(Nota: los nombres fueron cambiados para proteger su intimidad)

Publicado en La Jornada de Oriente el 7 de marzo de 2007

Anuncios