• Desechan la propuesta de la comisionada Buxadé que pugnaba por entregar la información

  • Asegura Juárez Acevedo que sus acciones y decisiones no están encaminadas a proteger al mandatario estatal, sino de hacer cumplir la ley

Ernesto Aroche Aguilar

Los integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo y Samuel Rangel Rodríguez, tendieron un velo de opacidad sobre los gastos del gobernador Mario Marín, al rechazar, mediante argucias legales y procesales, el proyecto de resolución presentado por la comisionada Josefina Buxadé Castelán que pugnaba por dar a conocer las facturas originadas por dichos gastos.

El procedimiento de acceso a la información pública en uno de los temas tabú de la actual administración fue iniciado desde seis meses, cuando el recurrente solicitó a la oficina de la Gubernatura “copia de las facturas o convenios publicitarios signados con los medios de comunicación locales y nacionales desde que inició el gobierno en turno a la fecha. Favor de comprender medios impresos, electrónicos, virtuales, radiofónicos y televisivos”.

La respuesta del sujeto obligado, luego de la prorroga que otorga la ley, que es usada de manera indiscriminada por parte de la administración estatal para dilatar el proceso como han reconocido en ocasiones anteriores los integrantes de la CAIP, argumentó que los documentos solicitados son “información que esta clasificada como de acceso restringido, en su modalidad de reservada con carácter temporal, pues se trata de información que puede causar prejuicio o daño a las funciones públicas del estado”.

Ante la negativa oficial de dar a conocer a cuanto ha destinado el gobernador para pagar los servicios de los medios de comunicación locales y naciones desde el inicio de su administración —un tema que se han buscado transparentar lo mismo periodistas que diputados de oposición sin lograrlo hasta el momento—, el solicitante presentó un recurso de revisión para que la CAIP obligará a la transparencia a la oficina de la gubernatura.

Pero dos de los tres integrantes del organismo encargado de velar por transparencia gubernamental prefirieron mantener oculta esa información, antes de que obligar a la oficina de la gubernatura a proporcionar los documentos solicitados.

Argucias legales

Sin discutir el tema de fondo que es la entrega de la información solicitada en tanto que es “información de libre acceso público por ser un derecho de las personas conocer en que gasta el Gobierno el dinero del erario” y son documento que pertenecen al rubro de servicios comerciales y no existe ninguna norma jurídica para considerarlas reservadas, como estableció la comisionada Buxadé Cautelan en su proyecto de resolución, los otros dos integrantes del organismo descentralizado prefirieron desechar el documento.

El argumento utilizado por el comisionado presidente de la CAIP, Juárez Acevedo, y el comisionado Rángel Rodríguez fue que el proyecto de resolución estaba mal planteado pues tendría que exigir primero la entrega del acuerdo de clasificación antes de llegar al tema central de la solicitud presentada, desechando así el documento presentado por comisionada ponente.

En su respuesta Josefina Buxadé se dijo sorprendida, pues en los encuentros previos entre los comisionados que en ese momento estaban rechazando el documento nunca le habían externado que su proyecto estaba mal planteado, como se lo hacían saber ahora.El proyecto de resolución será asignado a un nuevo ponente que redactará una resolución en el sentido señalado durante la sesión pública del pasado viernes y tendrá que discutirse nuevamente en pleno en un lapso de 30 días hábiles, por lo que se espera que el caso tardé aún más de mes y medio en ser discutido. 

No defendemos al gobernador: Acevedo

Entrevistado durante un receso de la sesión pública, la segunda consecutiva en donde dos de los tres comisionados votan por mantener oculta información relacionada con el gobernador del estado, Juárez Acevedo sostuvo que sus acciones y decisiones no están encaminadas a proteger al mandatario estatal, sino de hacer cumplir la ley.

Por ello, explicó, lo que se busca es seguir los procedimientos, e invocó el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal “que fue interpretado en el sentido de que se tiene que entregar al recurrente el acuerdo mediante el cual se clasifica la información”.

Sostuvo también que existe un precedente en “el expediente 19/2006 que fue vota por unanimidad con el voto de la comisionada que se resolvió en ese sentido, que de acuerdo con el artículo 37 el acuerdo tiene que ser entregado, para que el solicitante sepa que impugnar”.

—¿Con ello se está extendiendo el tiempo para resolver este recurso de revisión y hacer transparente la información? —se le cuestionó directamente a Juárez Acevedo.

—No, no lo extiende el recurso de revisión acaba cuando se le entregue el acuerdo de acuerdo de clasificación. Pienso que después lo que procedería es hacer una nueva solicitud de información ya con el acuerdo en la mano, pero no tengo la respuesta jurídica, por el momento dale el acuerdo para que el recurrente no esté en estado de indefensión.

—¿Usted está de acuerdo en que el gobierno de a conocer las facturas?

—No entramos a analizar eso, porque primero hay que cumplir el procedimiento, uno de los objetivos de la ley es establecer el procedimiento.

—Pareciera, comisionado que se usan la ley para cubrir al gobierno en un tema tan cuestionado al menos en los últimos dos años

—Hay un antecedente que ya se resolvió en ese sentido. Y se hace para que la gente sepa que puede impugnar —concluyó el comisionado presidente.

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