Ernesto Aroche Aguilar

Hace unas semanas la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) lanzó la alerta: los atentados contra periodistas en México ponen al país sólo por debajo de Irak en nivel de agresión; y el miércoles pasado la Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación puso los números al contabilizar 131 incidentes contra el trabajo periodístico.

Y si bien en el último año los principales responsables de los ataques han sido los narcotraficantes, los funcionarios públicos no pierden presencia como agresores.

Ejemplo de esto es el caso Puebla, que durante el año pasado se ubicó entre las 10 entidades más peligrosas para el trabajo periodístico. En la entidad el poder público es el único responsable señalado por la red en el informe “Recuento de daños. Un acercamiento al estado de la libertad de expresión y de información en México”.

El gobernador, sus familiares y funcionarios son los causantes directos de nueve ataques contra la libertad de expresión reportados entre 2006 y hasta mayo de 2007.

El principal, como podría esperarse, lo constituye la detención arbitraria en Cancún de la periodista Lydia Cacho, presuntamente ordenada por Mario Marín como se desprende la transcripción de la charla entre el góber precioso –como también se le conoce– y el textilero Kamel Nacif, que fuera dada a conocer por La Jornada el 14 de febrero de 2006.

Pero además, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), que comenzó a funcionar en febrero del año pasado, también ubicó a la entidad poblana dentro del grupo de los 10 estados más peligrosos para el ejercicio de la profesión periodística.

Marín y los medios

Desde el inicio de su administración, Mario Marín dejó muy en claro el tipo de relación que mantendría con los comunicadores al afirmar, en una entrevista concedida a esta casa editorial, que no solaparía excesos y abusos de la prensa. Dijo en aquella ocasión: “Los excesos de la autoridad o de los medios tenemos que frenarlos, porque ha habido excesos”.

Y para que no quedaran dudas, a las pocas semanas del inicio de su gobierno un funcionario suyo demandó penalmente al reportero Julio Martínez Rivera por la información publicada sobre un presunto robo de inmobiliario y cajas de licor en Casa Puebla.

En una entrevista, el mandatario reconoció que él había ordenado al policía, señalado en el texto periodístico –publicado el 10 de febrero– como responsable de presentar una querella judicial contra Martínez, luego de calificar como “periódico de quinta” al medio de comunicación en donde labora el reportero.

Pero lo que puso al gobernador como el tercer mandatario más conocido en todo el país, según una encuesta de la empresa Consulta Mitofsky, fue el encarcelamiento de Lydia Cacho respondiendo a una demanda penal presentada por Kamel Nacif Borge, casualmente también en el mes de febrero, pero de 2006.

En el reporte que presenta la red, integrada por varios organismos de defensa del derecho a la información y el trabajo periodístico, como la Fundación Manuel Buendía, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y artículo 19, entre otros, además del caso Cacho-Marín, señalan agresiones a reporteros de varios medios de comunicación a manos de sus guardaespaldas, esto en el mes de marzo de 2006.

Así como el hostigamiento en contra del diario Cambio y el cierre del noticiero radiofónico La Quinta Columna, caso que llegó hasta la FEADP, cuya posible responsiva recae en la figura del gobernador del estado.

En el recuento preliminar de 2007, los ataques contra el trabajo informativo en Puebla ya superan los cuatro casos contabilizados por la red en el año previo.

De los cinco casos reportados, el primero es la censura que se ejerció contra el periódico estudiantil La Catarina, que se edita en la UDLA. El intento de cierre por parte de la directiva de la institución motivada por una serie de críticas y cartones contra el “rector precioso” tuvo que ser abortado ante la presión nacional e internacional que se desató.

En los casos dos y tres se señala como responsables de la agresión física que sufrieron los reporteros Héctor Hugo Cruz –Cambio– y Mario Martell –Intolerancia– a los guardaespaldas del hermano del gobernador Roberto Marín Torres. El mismo personaje es señalado en el cuarto caso, cuando Martell denunció amenazas en su contra luego de que iniciara acción legal por la agresión sufrida.

En el último caso reportado hasta el momento se responsabiliza a Ismael Ríos, jefe de prensa del área de comunicación de la gubernatura, de agredir físicamente a la corresponsal de Radio 13 Marisol Cordova.

El funcionario ya había sido señalado el año anterior por intentar bloquear el trabajo periodístico de un grupo de reporteros al intentar impedir que se acercaran al gobernador, aunque este caso no fue reportado por la red.

Los números a nivel nacional

“El 2006 fue uno de los periodos con mayores golpes, agravios y atentados contra el periodismo mexicano en los últimos ocho años. A diferencia de los dos primeros años de la administración foxista, en que proliferaron los hechos inhibitorios, ahora sobresalió la violencia contra el quehacer informativo. De hecho, los actos contra los periodistas han ido en aumento, particularmente desde 2003, en que se registraron 76 casos; la cifra creció a 92 en 2004, y se mantuvo con 93 en 2005, y a lo largo de 2006 los golpes se multiplicaron hasta 131 incidentes.

“En ese contexto –explica el documento firmado por Verónica Trinidad, Martha Soto y Omar Raúl Martínez, personal de la Fundación Manuel Buendía– lo más preocupante fue el número de asesinatos: si entre los años 2004 y 2006 hubo 20 homicidios, de ellos, 10 ocurrieron en 2006, la cifra más alta que se recuerde en los últimos 15 años.

La red puntualiza que de los 131 casos documentados en 2006, el 86 por ciento fueron ataques públicos o embozados a periodistas y medios de comunicación.

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