Ernesto Aroche Aguilar

Con la ratificación de la denuncia que ya fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) y el incremento de 20 denuncias más, los defraudados por la Cooperativa de Vivienda Popular “Juntos Organizados Venceremos”, creada desde la cárcel por Cirilo José Ocampo Verdugo (también conocido como JOV), continúan el proceso legal para recuperar sus ahorros, calculados en 20 millones de pesos.

Una historia de este fraude se suma a otros que carga JOV en su haber. Oriundo de Xalapa, Veracruz, el hoy inquilino del Reclusorio Norte recibió en 1998 el premio al Empresario del Año en aquella ciudad. Eso antes de que comenzaran los problemas en las cajas de ahorro popular que había creado para el “blanqueo” de capitales.

De hecho, fue en noviembre de 1999 cuando la PGR inició una averiguación previa en contra de JOV señalado por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) a favor del cártel dirigido por los hermanos Amezcua, mejor conocidos como “los reyes de las metanfetaminas”.

Por lo pronto, ayer se sumaron 20 denuncias más al grupo original de 73 demandantes que reciben el apoyo y la asesoría legal de la Procuraduría del Ciudadano, como informó esa dependencia estatal mediante un boletín de prensa.

“A partir del mediodía de este lunes, un grupo numeroso de presuntos defraudados por la cooperativa de vivienda popular, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJEP) en esta capital, ratificaron su denuncia por fraude contra la referida empresa que operó en esta ciudad hasta el primero de mayo pasado. Así también se presentaron ante el Ministerio Público del fuero común otras veinte denuncias contra la misma compañía”.

De acuerdo con el documento, “ratificar la denuncia ante el Ministerio Público es con la finalidad de que los agraviados aporten los elementos necesarios para que el fedatario social pueda encuadrar el delito de fraude y quien es el o los propietarios y el o los presuntos responsables del ilícito.

“Rodolfo Pérez Nájera, director de asuntos penales de la Defensoría Social, aclaró que es la PGJ la que lleva a cabo las indagatorias del caso, y resaltó la colaboración por parte de esa instancia para esclarecer el asunto y dar con los responsables.

“Recordó que según estimaciones de las víctimas, son alrededor de trescientas personas las afectadas por la cooperativa de vivienda popular, de ellas, dijo, 73 presentaron, en una primera etapa su denuncia ante la PGJEP; aunado a las 20 más de este lunes, se puede hablar de casi un centenar de personas que han decidido querellarse”.

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