Ernesto Aroche Aguilar

Les ofrecieron rendimientos anuales para sus ahorros del 45 por ciento sustentados en las utilidades que obtendrían de la venta de casas y condominios construidos con su dinero; lo que no les dijeron es que detrás del negocio estaba Cirilo José Ocampo Verdugo (JOV), quien desde una celda del Reclusorio Norte purga una condena acusado de lavado de dinero a favor de los hermanos Amézcua, los reyes de las metanfetaminas.

Como era de esperarse, nada de lo prometido por la Cooperativa de Vivienda Popular “Juntos Organizados Venceremos” se cumplió. Hoy, cerca de 300 ahorradores, en su mayoría gente de bajos recursos y personas de la tercera edad, han comenzado un proceso legal por fraude, cercano a los 20 millones de pesos, con el apoyo de la Procuraduría del Ciudadano.

La compañía comenzó a operar en Puebla en 2004, explica Gonzalo León Altamira, uno de los representantes de los ahorradores y ahorrador él mismo. Al mismo tiempo que comenzó a operar en casi todo el país, como se puede constar haciendo una búsqueda en la red.

Se inició con dos sucursales: una ubicada en avenida 31 Poniente 718A, colonia Chulavista, y la otra en prolongación de la 11 Sur 5109, local 3, colonia Reforma Agua Azul, y se contactó a la gente a través de anuncios en las secciones de clasificados de la prensa local ofreciendo tasas de interés del 45 por ciento anual, “rendimientos que no te ofrece nadie”, explica León Altamira.

El truco, explica el representante de los defraudados, cuando se les cuestionaba sobre el altísimo rendimiento, era asegurar que con el dinero se construían viviendas; de hecho, “afirmaban que tenían un complejo modelo con reconocimiento internacional en San Juan del Río, Queretaro”.

Además, mostraban un documento, colocado de manera estratégica para que no pudiera ser leído, en donde sólo era visible a la distancia el nombre de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para justificar el permiso de operación, permiso que jamás tuvieron, como se comprobaría mucho tiempo después.

“El gancho eran tres meses o seis meses; no podías contratar menos tiempo que ése, y te pagan los rendimientos ofrecidos una primera vez y hasta una segunda de manera puntual; después comenzaban los problemas; el dinero faltaba, tardaba en llegar, comenzaban con promesas de que al día siguiente y al siguiente, hasta que en noviembre de 2006 dejaron de pagar”.

Ahí comenzó el peregrinar, explica, el regresar semana con semana, el insistir por el pago del dinero, el recibir promesas de que se estaba tramitando un crédito por 30 millones para pagar a todos los ahorradores, el confrontar a la estructura de la empresa, a Cristian Olef Vázquez Payares, el coordinador en el estado de la caja de ahorro, y luego a Francisco Javier Robles Áreas, quien se ostentó como apoderado legal, hasta llegar a Elena Muñoz Pliego, secretaria del Consejo de Administración.

Quién nunca ha aparecido es José Luis Mancilla Vera, quien se ostenta como presidente del Consejo de Administración; no se sabe si el sujeto en cuestión existe o es un alias de José Ocampo Verdugo –quien según documentos en manos de La Jornada de Oriente registró a la cooperativa en el año 2000, a pesar de estar ya encarcelado–, JOV, como se le conoce desde que defraudó a otros ahorradores en 1999 a través de la Caja Popular Puerto Vallarta, que inicio sus operaciones en Jalisco.

JOV está actualmente encarcelado en el Reclusorio Norte del Distrito Federal, condenado a 17 años y seis meses de prisión, acusado de lavar dinero del cártel de droga de Colima; sobre su persona aún pesan al menos otros 10 juicios del fuero común en Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Nayarit y el estado de México.

En este momento las tres sucursales en la capital poblana están cerradas, pero en Atlixco, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Tehuacán y San Martín Texmelucan siguen operando con el mismo sistema.

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