• Se devela compra de textilera por parte de empresa ligada con hijo de Marta Sahagún

Ernesto Aroche Aguilar

A mediados de 2004 Construcciones, Prácticas SA de CV pagó 1.5 millones de pesos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por un fideicomiso con un valor superior a los 600 millones de pesos. En dicho paquete financiero se cuentan lo mismo acciones de capital social del grupo Infomín como terrenos y maquinaria textil de la empresa poblana Textiles Miguel, propiedad de los hermanos Miguel Afif, como devela la revista emeequis en su número 56.

Tras dos años de litigio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo único que han conseguido los obreros de Textiles Miguel es una oferta de 2 millones de pesos para los líderes del movimiento, y 5 mil pesos para los más de 250 empleados que hasta el momento esperan que alguien dé la cara y les cumplan con el pago de 40 millones de pesos que les adeudan los textileros libaneses. Lo anterior fue denunciado por Ana Alicia Feregrina Moguel, miembro de la Coalición de Trabajadores de Puebla AC y asesora de la Comisión de Trabajadores de Textiles Miguel.

La abogada sostuvo que los abogados del Grupo Financiero Banorte, empresa que figura como fideicomitente al haber recibido por parte del IPAB todos los activos ofrecieron ese dinero para que se concluya con el proceso de sustitución patronal mediante el cual se pretende que esa institución asuma las responsabilidades financieras de los Miguel ante la incapacidad de las autoridades federales de hacer comparecer a Construcciones Prácticas; “la propuesta fue rechazada tajantemente por los involucrados”, afirma en entrevista la abogada.

Hasta el momento la empresa ligada con el hijo de la esposa del ex presidente Fox no se ha presentando a las audiencias que se siguen en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) por tanto la sustitución patronal se mantiene dirigida a Banorte, asienta la litigante.

Una compleja historia

La compra del fideicomiso, apunta el reportaje de la revista de circulación nacional, “no sólo representa un daño al erario público, “pues procede de los bienes que el IPAB recibió del rescate bancario que se inició con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)… sino además deja en la calle a más de 250 trabajadores que laboraban para los Miguel Afif en la fábrica Textiles Miguel, pues hasta el momento nadie ha querido hacerse cargo de cumplir con los adeudos que los empresarios dejaron pendientes y que ascienden a 40 millones de pesos por concepto de indemnización, liquidación y pago de pensiones: ni los Miguel Afif ni el Grupo Financiero Banorte –institución depositaria del fideicomiso– ni Construcciones Prácticas –empresa que compró el paquete H al IPAB”.

“En diciembre de 1998 los empresarios textileros Miguel Afif conformaron un fideicomiso para la liberación de una hipoteca que arrastraban las empresas del grupo Infomin con algunas instituciones bancarias, como se lee en el acta constitutiva con número 7546 del libro 172 que redactó el notario José Luis Villavicencio Castañeda.

“De acuerdo con el documento, los empresarios entregaron como garante un terreno de 3 mil 537 metros cuadrados con una construcción de 19 mil 173.5 metros, en donde se ubica la fabrica de hilados y tejidos Textiles Miguel, así como la maquinaria con la que trabajaron por 40 años más de 250 obreros y empleados, localizado en la colonia Resurgimiento de la ciudad de Puebla.

“También se integró en el fideicomiso los inmuebles de la Inmobiliaria Maxtla Xóchitl, parte del grupo Infomín, identificados en el documento como Maxtla I, “inmueble urbano ubicado en el kilómetro 16.5 de la vía Morelos Santa Clara, estado de México, con 17 mil 597.7 metros cuadrados, con una superficie construida de 13 mil 23 metros cuadrados” y Maxtla II un lote de terreno ubicado en el fraccionamiento Industrial San Antonio en Atzcapotzalco, DF; con una superficie de mil 72.14 metros cuadrados, “y un paquete de acciones del capital social del grupo Infomín por más de 600 millones de pesos, con el que se reestructuró la hipoteca, divido en 41.4 millones en dólares y 103. 8 millones en Unidades de inversión (valuadas en 1998 en 238.9 millones de pesos).

“El fideicomiso que se constituyó en Bancrecer fue absorbido un año después por el IPAB como parte de los créditos insolventes que fueron ‘saneados’ antes de vender la institución al Grupo Financiero Banorte, según consta en documentos del propio instituto.

“El instrumento financiero sería vendido el 23 de junio de 2004 a la empresa Construcciones Prácticas SA de CV, cuya titularidad corre a cargo del empresarios guanajuatense Manuel Khoury Siman ligado financieramente a Manuel Bribiesca Sahagún, como demostró la comisión que se formó durante la LIX Legislatura del Congreso de la unión para investigar las compras de paquetes inmobiliarios que el IPAB les entregó”.

Construcciones Prácticas no da la cara

En el juicio que se ha extendido durante todo 2006 Banorte se deslindó del problema al informar la transacción mediante la cual Construcción Prácticas adquirió la titularidad del fideicomiso, y con él de las obligaciones patronales, pero la compañía propiedad de Miguel Isaac Khoury no ha atendido a los requerimientos de la JFCA y no ha aparecido para responder por el adeudo, afirma Peregrina Moguel.

“De acuerdo a las investigaciones que hicimos establecimos si operaba la sustitución patronal. Cuando mandamos a traer a Banorte, como fiduciario que se beneficia con la constitución del fideicomiso, ellos nos presentan un contrato en donde establecen que Construcciones Practicas compró los derechos y las obligaciones del fideicomiso, esto a través de una subasta que realiza el IPAB, el pago por el fideicomiso fue de una cantidad ridícula, 1.5 millones de pesos por millones y millones inclusive de dólares”, apunta en entrevista la representante legal de los obreros

Ante ello, se llamó como tercer interesado a la empresa de Miguel Isaac Khoury, pero en ningún momento se proporcionaron los domicilios correctos. “A mi parecer Banorte sí tenía la intención de que compareciera Construcciones Prácticas, pero el domicilio que proporcionó, ubicado en Celaya, es un domicilio donde hace dos años ya no opera, aunque no se reporta dado de baja del registro público, pues se le pidió datos sobre la compañía”.

Lo que a nosotros nos interesa –sostiene Feregrino Moguel– es ya terminar con el juicio de sustitución patronal, “hicimos un escrito argumentando que la obligación de proporcionar los domicilios es de las otras partes y que si no lo proporcionaban solicitábamos que se apercibieran las partes para que se pudiera continuar con el desahogo y se le tuviera a Banorte como no interpuesto su llamamiento a Construcciones”.

“Así sucedió, se tuvo por no llamado a juicio. Así tenemos ahorita la litis planteada en contra de Banorte, en tanto fideicomisario que se beneficia, y Bancomer en su calidad de fiduciario, que tiene posesión de los bienes, administra y reporta ganancias, y que en su momento tendrá que responder por esos bienes para solventar los créditos”.

La abogada sostiene que esperan una resolución conforme a derecho que finalmente obligue a quien resulte responsable del pago a cumplir con la obligación patronal y saldar la deuda que arrastran los trabajadores, una resolución que tendrá que llegar a mediados de marzo. “Pero también estamos preparando el amparo, pues estamos concsientes que no es un patrón común sino es un patrón con muchos intereses políticos y económicos”.

Lo que tenemos claro, apunta la litigante, “es que hay un encubrimiento por parte de los señores Miguel Afif, investigamos el nexo que tienen con los Bribiesca y hay uno de negocios. Los abogados en todo momento han querido desligar a la fiduciaria, Bancomer, y a Construcciones. La última novedad es que los abogados de Miguel hicieron un ofrecimiento ridículo de 2 millones de pesos para acabar con el problema. 2 millones de pesos para los líderes, consolando al resto con 5 mil pesos, una posición que por supuesto no aceptamos”.

Los trabajadores sobreviven

Mientras el resultado que esperan casi desde 2004, los cerca de 200 trabajadores que representa la Coalición de Trabajadores de Puebla, pues el resto son asesorados legalmente por el bufete jurídico que encabeza el penalista Samuel Porras Rugeiro, han sobrevivido en su mayoría gracias a las pensiones que les otorgó por derecho el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En la planilla laboral hay gente que supera los 25 años de trabajo, apunta la abogada, gente que empezó a laborar desde muy temprana edad. Ellos recibieron el beneficio del IMSS y han podido llevar adelante un proceso legal muy largo. Otros, en cambio, han tenido que emigrar o buscar trabajo en otras empresas, “pero son pocos, los trabajadores más jóvenes, los que todavía estaban en condiciones de hacerlo, de salir a buscar como ganarse la vida”.

Mientras eso sucede y se resuelve el problema de los obreros, en el Congreso las investigaciones sobre el caso Construcciones Prácticas están detenidas, como acusa Jesús González Schmal, quién encabezara en la anterior Legislatura una comisión investigativa sobre las compras “irregulares” por parte de compañías ligadas al primogénito de Sahagún.

“No, no hemos tenido ninguna respuesta aún de la PGR, porque a esa dependencia acudimos como legisladores pero además como ciudadanos y ahí seguimos promoviendo la clarificación del caso. Pero, en donde más se ha demorado es en la Cámara, porque ya está aprobada la creación de una comisión que le dé seguimiento a esa investigación, pero la junta de coordinación política no ha aprobado la integración.

–¿El Partido Acción Nacional está defendiendo aún a la ex familia presidencial?

–Seguramente ahí hay mano negra.

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