Ernesto Aroche Aguilar

El movimiento mediante el cual el empresario y ex consejero estatal Manuel Alonso Espinosa está por apropiarse del Fondo 5 de Mayo (F5M), creado por Melquiades Morales Flores con recursos estatales, podría ser calificado como fraude, consideró el especialista en Derecho y finanzas y ex delegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Fernando Chevalier Ruanota.

De acuerdo con el también ex director jurídico del Congreso del estado, la creación de una empresa paralela –Financiera Mercurio– con una estructura similar, con empleados extraídos de ese organismo y con el mismo mercado financiero: la micro y pequeña empresa, constituye lo que en el argot legal se conoce como “fraude por simulación de actos”, como lo registra el Código Penal.Mientras Alonso Espinosa, ex nieto del banquero Espinosa Yglesias, asume el control total de los activos, la cartera y la infraestructura que ha logrado crear el fondo a lo largo de los seis años en que funcionó activamente el programa financiado con recursos públicos tanto estatales como federales, el Consejo Poblano para el Apoyo a la Microempresa (Copame), órgano de dirección del F5M, está siendo desmontado silenciosamente por la administración de Mario Marín.

El director general del corporativo, Hugo Pérez García, aseguró en entrevista con este reportero que el órgano de dirección que se formó para coordinar los esfuerzos gubernamentales en el apoyo a los microproductores –el Copame– está en proceso de disolución, y que en las próximas semanas se hará oficial al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, situación que desconocen los legisladores de oposición y los mismos diputados del PRI, como reconocieron tanto el líder de la bancada panista, Víctor León Castañeda, como el presidente de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior.

Por su parte, el ex secretario de Finanzas durante el gobierno de Morales Flores y actual senador por el PAN, Rafael Moreno Valle, pidió una explicación pública sobre la presunta transacción que podría estar avalando el gobierno marinista al desentenderse del fideicomiso para el que se aportaron al menos 10 millones de pesos del erario estatal.

La estructura del Copame

Constituido como un órgano de dirección, el Copame utilizó la figura de la Asociación Civil para darle certeza jurídica externa al organismo ciudadanizado que encabezaría los esfuerzos estatales para apoyar a la micro y pequeña empresa, en tanto está considerada como la principal generadora de empleo en el estado.

La asociación civil Fondo 5 de Mayo se registró con fecha 29 de abril de 1999 en el Registro Público de la Propiedad, y sus integrantes fueron Melquiades Morales Flores, presidente honorario; Rafael Moreno Valle Rosas, secretario de Finanzas; Antonio Zaraín García, secretario de Desarrollo Económico; Manuel Alonso Espinosa, presidente ejecutivo. También se sumaron Carlos Rosendo Martínez Tobilla, secretario de la AC, quien más tarde promovería la creación de la financiera propiedad de Alonso Espinosa; Hugo Epigmenio Pérez García, administrador y director del F5M; José Antonio Tagle Nader, y Mario Aurelio Barocio Lozano.

Ese organismo dirigió varios programas, lo mismo para el desarrollo de empresas de exportación que para promover la “cultura del ahorro” entre productores de bajos ingresos, en donde se operó con 2.9 millones de pesos. También se trabajó el “programa de Microcrédito Copame-Fondo 5 de Mayo” para apoyar el capital de trabajo para aquéllos que no tienen acceso al crédito bancario, y se operó a través de la mencionada AC con un patrimonio de 16 millones de pesos aportados por la IP y el estado.

El total del recursos que manejó en su inicio el fideicomiso superó los 20 millones de pesos, de los cuales la mayor parte se canalizó hacia el programa de microcréditos, un programa que logró mantener finanzas sanas y una cartera que a enero de 2006 fue calculada por el director del organismo en superior a los 100 millones de pesos.

Dicha cartera está a punto de pasar a manos de Financiera Mercurio a pesar de la ilegalidad que esto representa, como señaló Chevalier Ruanota: “Como es un fideicomiso público, es dinero del erario; en consecuencia, de todos los poblanos; no se puede destinar ni en cesión, concesión, mucho menos en venta o traspaso a una empresa privada, aun cuando incorpore más recursos económicos y se mantenga el destino del fideicomiso; esa modalidad no existe. Si así se hiciera, por supuesto que es una irregularidad, y tiene nombre: desviación de recursos públicos”.

La única figura razonable para validar ese proceso sería, según el ex delegado de la Condusef, la donación de los recursos bajo el argumento de que serían destinados al rubro de la asistencia social, el apoyo a la micro empresa, la capacitación y el otorgamiento de créditos con una baja tasa de interés, aunque la justificación tendría que sustentarse en la quiebra del fondo.

Argumento que fue rechazado de origen por los directivos del fondo y por la propia calificadora de riesgo Micro Rate, pues los dos señalaron que se mantienen finanzas sanas.

Cuestionado sobre quién tendría que ofrecer una explicación sobre un movimiento, al parecer irregular, respondió: “La junta de gobierno del fideicomiso al momento en que se disuelve debió de contar con la anuencia de la Secretaría de Finanzas (SFA), que es quien los crea y los disuelve. La SFA tendría que informar qué pasó puntualmente con ese fideicomiso, porque ellos inyectaron el dinero”.

“Tal pareciera que un particular se benefició de un negocio que se financió con el erario, y ahí sí existiría la figura delictiva de la malversación de recursos públicos, e inclusive violación a la ley federal de servidores públicos, para quien haya autorizado la desincorporación del gobierno de la AC y la cesión a una empresa particular, so pretexto de que iba o va a cumplir con el objeto social”.

Publicado originalmente en La Jornada de Oriente el 30 de enero de 2007

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