Ernesto Aroche Aguilar

De artimaña desesperada calificó el delegado estatal de la Procuraduría para la Defensa del Trabajo (Profedet), Fernando Castro Azuara, la solicitud de presentación que giró el Ministerio Público (MP) de Huejotzingo al trabajador que entablara una demanda millonaria en contra del consorcio peruano Ajemex, grupo responsable de la marca Big Cola.

“Resulta por lo menos extraño, por llamarlo de alguna manera, que se le citará en la agencia del MP a la misma hora en que tendría que desahogarse la audiencia confesional en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Si bien la agencia podría no estar informada del caso laboral que se sigue, la empresa no podría ignorarlo”, apuntó el funcionario.

Extraño resultó también que gente de la comitiva que trasladó a José Luis Medina Mosto hasta Huejotzingo haya abandonado las instalaciones de la agencia, una vez que se desistieron del procedimiento, en el mismo auto en que lo hizo el abogado penal de la empresa, Ramón Barraza Bojalil, como lo pudo constatar este reportero.

Por lo pronto hoy al mediodía la representación patronal tendrán que presentarse en las instalaciones de la Profedet para una audiencia confesional en donde tendrán que responder a un cuestionario, “una audiencia en donde si no se presentan automáticamente estarían reconociendo las imputaciones, de ahí su importancia”, explicó el funcionario.

La big demanda

El problema que enfrenta hoy la empresa de los hermanos Añaños Jerí se remonta a agosto del año pasado, cuando José Luis Medina Mosto denunció que a causa de una demanda laboral por el incumplimiento en el pago de la liquidación, cuyo monto fue valuado por los peritos de la Profedet en 3 millones de dólares, comenzó a recibir amenazas de muerte para que se desistiera del proceso legal.

Cuestionado sobre el particular Alfredo Paredes, director corporativo de la trasnacional peruana Ajemex, rechazó que hubiera una relación laboral con el demandante y lo señaló como responsable de la sustracción de mercancía por un monto superior a un millón 800 mil pesos, asegurando además que todo se trataba de una táctica del empleado para desviar la atención de la investigación que se le seguía por el presunto ilícito.

La acusación fue rechazada por el juez a cargo de la investigación, Heliodoro Juárez Hernández, pues en las declaraciones de dos trabajadores detenidos e implicados en el presunto fraude genérico reconocían a Medina Mosto como su jefe directo pero nunca se le señala como cómplice. De hecho ese proceso legal –expediente 131/2006– terminó favorable a los dos acusados, quienes apoyados por la Procuraduría del Ciudadano obtuvieron su libertad.

Desde la óptima de Castro Azuara la empresa ha buscado implicar al trabajador en problemas legales para obligarlo a la negociación, pero hasta el momento los dos intentos se han revelado como infructuosos.

La intención de llevarlo a la negociación fue reconocida por el propio Medina Mosto quién declaró a este diario que los abogados laborales presentes en las instalaciones de la JFCA lo conminaron a llegar un acuerdo a cambio de que la patronal retirará la demanda penal por la cual lo esperaban en Huejotzingo.

“Me propusieron un acuerdo, diciéndome que lo que más me convenía era eso, que afuera me esperaban los policías judiciales para llevarme a Huejotzingo, que recordará que era muy joven y que tenía mujer e hijos.

“Pero no tenían nada, –comentó– pues al llegar allá el abogado me aseguró que sólo querían mi cooperación para que proporcionara información, pues los fraudes se siguen registrando en la empresa, que los directivos están seguro que el nunca tuve que ver en ellos, que lo que buscaban era implicar a Karim Chahud Arias, actual gerente general del grupo”.

Medina Mosto también aseguró que Raúl Ortega Padilla, uno de los policías judiciales le dijo durante el trayecto a la agencia que serían regañados, pues tenían la orden expresa de no dejarlo entrar a la audiencia confesional.

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