Ernesto Aroche Aguilar

Aunque el gasto en salud en Puebla se ubicó en una buena posición en un comparativo entre las entidades federativas, al colocarse en la sexta posición en 2004, a nivel per cápita el estado no ha conseguido abandonar el fondo de la tabla, pues en recursos otorgados por habitante sólo está por encima de Michoacán y Guanajuato, los dos últimos lugares, respectivamente, como se desprende de un análisis realizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para Fernando Rojas Cristerna, secretario general de la sección uno del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), la crisis que se vive en el sector salud, si bien es financiera, también es de estructura, tras el paso del “huracán Levy” –Santiago Levy, ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)–, quien junto con la presidencia limitó su capacidad operativa al reducir el presupuesto destinado al instituto en 40 mil millones de pesos, pero además con la creación del Seguro Popular.

Por su parte, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, investigador de la Universidad de Guadalajara, sostuvo que el Seguro Popular (SP) que tanto promueve y alienta la presidencia de la República se trata en realidad de un mero esquema de asistencia social más que de un verdadero programa de protección para las clases marginadas.

Pero además dicho programa avanza a pasos desiguales en la entidad, pues de acuerdo con los registros de la Secretaria de Salud al segundo semestre de 2005, mientras algunos ayuntamientos muestran un avance, otros, como Hueytlalpan, uno de los dos municipios con el más alto grado de marginación y bajo desarrollo humano en el estado, sólo tiene dado de alta a un beneficiario.

Y a pesar de que la Federación casi triplicó el presupuesto del seguro popular para Puebla entre 2004 y 2005, el número de familias inscritas bajo ese sistema sólo creció en un 91 por ciento, lejos del crecimiento registrado en Michoacán, en donde los beneficiarios de este programa casi se cuadriplicaron entre esos años, o Guerrero, entidad que aumentó su padrón en un 339 por ciento.

Eso sin señalar la serie de irregularidades y el mal momento por el que pasa la Secretaría de Salud en el estado, como han a dado a conocer en las últimas semanas algunos medios de comunicación. Los señalamientos en contra de la dependencia que encabeza Roberto Morales han tocado lo mismo, los malos resultados en temas de salud o relacionados con presuntos actos de corrupción en el manejo administrativo.

De hecho, el caso del presunto desvío de recursos en la Secretaría de Salud del estado llegó hasta el Senado de República. El pasado miércoles 5 de julio se firmó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno que encabeza Mario Marín a avocarse al esclarecimiento del ilícito, entre los que podrían encontrarse, como se lee en los antecedentes del dictamen, el uso de recursos del Seguro Popular para la compra de sueros sin facturación para de esa manera evitar el pago de impuestos.

La seguridad social, en crisis

“Hoy vivimos los efectos de un huracán que pasó por el Seguro Social, y estamos en la fase de restauración. El huracán se llama Santiago Levy”, afirma en una entrevista con este medio informativo el líder de los trabajadores del IMSS en la entidad, Fernando Rojas Cristerna.

Pero además, sostiene el entrevistado, el instituto está quebrado, primero por un aniquilamiento presupuestario decidido en el escritorio del presidente, quien al modificar el presupuesto que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados redujo la capacidad operativa del IMSS en 40 mil millones de pesos, que serían destinados para ampliar la infraestructura, modernizarla y contratar personal de nuevo ingreso.

Eso sin olvidar que para el programa IMSS Oportunidades no hubo incremento presupuestal, y “se tuvo que arañar dos que tres programas sociales para obtener recursos, pero no hubo interés en apoyar este programa”, aseguró Rojas Cristerna.

En cambio, el monto destinado a Puebla para el desarrollo del Seguro Popular, uno de los programas estrellas de la administración del presidente Vicente Fox, se triplicó en el estado entre 2004 y 2005, al pasar de 140 millones 469 mil pesos a 515 millones 472 mil, de acuerdo con el informe comparativo de la Secretaría de Salud para el primer semestre de 2005.

Y a pesar del aumento en los recursos, el número de familias inscritas en el Seguro Popular sólo creció en un 91 por ciento, lejos del crecimiento registrado que se obtuvo en otras entidades, como Michoacán, en donde los beneficiarios de este programa casi se cuadriplicaron entre esos años, o Guerrero, entidad que aumentó su padrón en un 339 por ciento.

Pero además, si el gasto destinado a la seguridad pública a nivel per cápita es bajo y la aportación estatal se ubicó por debajo de la media entre 1999 y 2004 –en ese lapso la aportación estatal a la salud pública fue del 16 por ciento, lejos de entidades como el DF, que aporta el 39.6, y Jalisco, que destina el 38.3 del gasto, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito al Público–, los señalamientos de desvío de recursos podrían estar menguando los recursos, ya de por si insuficientes para atender todas las necesidades de la población.

Para Rojas Cristerna la falta de dinero para contratar más personal y para la compra de material se ve reflejada en la atención que reciben los derechohabientes, lo que ha provocado una sobresaturación de los servicios que los pacientes perciben en detrimento de su atención médica. “Entenderán que no es lo mismo ver 30 pacientes al día que tratar a 50”.

Y puso de ejemplo el caso del hospital regional San Alejandro, en donde se trabaja en estos momentos al 120 por ciento de su capacidad, cuando, de acuerdo con los estándares y normas internacionales, tendría que hacerlo en un máximo de 80 por ciento.

  

Seguro Popular, Asistencia Social

El discurso oficial ha querido vendernos al Seguro Popular, uno de los programas consentidos del gobierno federal, como “uno de los tres pilares en que se basa la seguridad social del siglo XXI”, como afirma en su artículo “Acabando con el mito del Seguro Popular: no es Seguridad Social”, el investigador de la Universidad de Guadalajara Ángel Guillermo Ruiz Moreno.

El también presidente del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Jalisco asegura en su artículo que el esquema bajo el que parte el SP no tiene ni sustentos científicos ni jurídicos para ser ofrecido como tal, pero además opera en “contravención al Estado de Derecho que se supone vivimos en México”, al carecer de un fundamento constitucional en la instrumentación y operación, y además de trabajar sin que exista un ente público responsable de ese Seguro Popular.

De lo que se trata, concuerdan tanto Ruiz Moreno como Rojas Cristerna, es de un esquema de altruismo, de “mera asistencia –responde en la entrevista el líder de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla–, como las damas de caridad, ahí juntan una colecta y les van dando como se vaya necesitando. Buena lana sí, pero finalmente eso, canalizado a instituciones que ya cuentan con una infraestructura, sería de maravilla”.

El problema grave, menciona Ruiz Moreno, es que han puesto a competir al IMSS y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) junto con el SP, sin antes fortalecer financieramente a “estos verdaderos Seguros Sociales que, en el rubro de salud –pese a estar tan satanizados por razones que mueven a sospecha– se han convertido por mérito propio en los grandes médicos nacionales”.
Pero el beneficio no llega

Pero más allá de que se trate o no de un esquema de altruismo, “pues no es ni preventivo ni atiende todas las áreas de la seguridad social, pues sólo trabaja con el esquema del “Paquete Básico”, como dijo Rojas, la aplicación del programa hasta el primer semestre de 2005 no había llegado con la suficiente fuerza a las zonas con más alta marginación en el estado.

Eso sin olvidar que la inversión que el gobierno destina a la atención de la salud pública en el estado está por debajo de la media nacional; así, mientras a nivel nacional en 2004 fueron destinados 264.8 pesos per cápita, en Puebla sólo se asignaron 167 pesos para el cuidado de la salud pública por habitante.

Por otra parte, el Senado de la República ya emitió un punto de acuerdo para solicitar al gobernador Mario Marín que se esclarezca el supuesto desvíos de recursos en la dependencia estatal.

En el dictamen a discusión que fue aprobado por en el Senado el pasado 5 de julio se lee: “los gastos que han sido erogados a través de la Secretaría de Salud han sido excesivos, y el titular de la dependencia, Roberto Morales Flores, ha avalado las acciones que han producido en esa Secretaría sin que aún a la fecha medie acción directa de control alguno por parte del titular del Ejecutivo local. Así las cosas, se puede suponer que el irregular manejo de los recursos económicos destinados a la Secretaría de Salud del estado de Puebla muy probablemente tengan como destino inclusive el apoyo a una determinada campaña política”.

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