Ernesto Aroche Aguilar

Erick Giovanny Luna Zarate falleció el pasado domingo 22 de abril en el Hospital General de San Martín Texmelucan sin llegar a cumplir el año de edad. Su madre lo molió a golpes ante sus recurrentes reclamos de atención. La muerte del menor no es un caso aislado en Puebla, de acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, publicado por la Secretaría de Salud (Ssa), el estado registra la tercer tasa más alta de homicidios contra menores entre cero y cuatro años.

De hecho, el porcentaje de menores varones asesinados en el estado (3.3) casi duplica los índices nacionales (1.6) que se ofrecen en el estudio señalado –mientras que entre las mujeres los números se sitúan por debajo de la media nacional– y que se sustentan en datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y las bases de datos de la Ssa federal.

El problema alcanza su máxima dimensión cuando se observa que en México “en promedio, un niño menor de cinco años de edad es asesinado cada dos días y que por lo menos una tercera parte de los homicidios cometidos en contra de los menores de edad tiene como antecedente diversas formas de maltrato”.

De acuerdo con una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la “principal causa de muerte entre los niños de entre uno a 14 años de edad en los países desarrollados, son las lesiones, que representan el 40 por ciento del total de las muertes en ese grupo”. Y son nuestro país y Corea del Sur en donde registran las tasas más altas de muerte por heridas en niños menores de 14 años de edad.

“Estas tasas resultan ser tres o cuatro veces más elevadas que las del resto de los países que pertenecen a la oECD”, asegura en el informe Elena Azaola Garrido investigadora de la Ssa e integrante del comité editorial.

  

Una historia de maltrato

La historia de Erick Luna, más allá del morbo mediático que generó, podría ser la misma de cualquiera de los 12 menores que entre 2000 y 2004 fueron asesinados en Puebla, en su mayoría a manos de sus progenitores.

La misma que podría repetirse en cualquiera de los 375 casos que el DIF estatal tiene reportados en los tres primeros meses de 2007, de acuerdo con información proporcionada por el subdirector de Asistencia Jurídica Social de ese organismo, Crispín Campos Ramírez, al portal e-consulta.

La misma por la que muy poco han hecho los legisladores locales, pues hasta el momento la legislación poblana, junto con la de siete entidades más, nada ha hecho por la promulgación de la Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a pesar del compromiso que en ese sentido estableció el país en 2002 con la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez.

El retraso de los legisladores en la materia, a pesar del foro de consulta ciudadana que arrancó el pasado jueves, contabiliza ya cinco años, como apuntó la representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Andrea Márquez Guzmán.

De hecho, esa organización no gubernamental ubica a la legislación poblana hasta 2006 en el lugar número 26, según el “Índice de medición de calidad de leyes en materia de derechos de la infancia”, que se publica en el sitio web de la infancia cuenta en México. Por su parte, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados sólo registra una comisión de atención para grupos vulnerables en la legislatura actual abocada a la protección de personas con capacidades diferentes.

  

La pobreza dispara posibilidades

Los diferentes estudios muestran que los riesgos son mayores mientras más altos son los niveles de pobreza; sin embargo, apunta la investigación de la Ssa, “hay factores sociales y demográficos que presentan una asociación más alta con el abuso físico; por ejemplo: padres solos, bajos niveles de ingreso, bajos niveles de escolaridad materna, embarazos adolescentes, vivienda pobre, familias numerosas, así como cualquier otro factor que incremente el estrés en la familia: la presencia de niños con discapacidades o enfermedades médicas complejas, hijos no deseados, niños hiperactivos, hijos de padres que atraviesan situaciones difíciles, como el divorcio, la pérdida del empleo, o padres que tienen expectativas poco realistas sobre sus hijos”.

Aunque las cifras reales del problema aún son una incógnita, como se reconoce en el documento, pues a nivel país “todavía no se cuenta con un registro nacional adecuado de todos los casos de maltrato infantil reportados a las distintas autoridades, lo que significa que no hay manera de saber si los casos que reporta uno de estos sectores son los mismos registrados en otro”.

“De igual modo, no debe olvidarse que sólo llegan a conocimiento de las autoridades los casos más severos, mientras que la mayor parte no son notificados, y quedan, por tanto, fuera de los registros”

Y si a nivel nacional no hay registros con números confiables al 100 por ciento, a nivel estado el problema se magnifica. Y para muestra, un botón: en la rueda de prensa convocada por la Procuraduría de Justicia del estado no hubo datos sobre el número de menores asesinados en los últimos años, sólo una vaga promesa de que serían dadas a conocer en otro momento.

De acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población, en 2004 existían en el país 33 millones de menores de 14 años de edad que representaban el 31 por ciento de la población total. De los menores de edad del país, el 60 por ciento vive por debajo de la línea de pobreza; 2.1 millones niños de entre 5 a 14 años de edad no asisten a la escuela, y sólo uno de cada tres menores de 14 años de edad es derechohabiente de los servicios de salud.

Publicado en La Jornada de Oriente el 30 de abril de 2007

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