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Ernesto Aroche Aguilar

 I

 Carlos regresaba aquella noche a su casa luego de varias horas de clases. Se colocó los audífonos de su Ipod para acompañarse las cinco calles que separan a su facultad del departamento que rentaba junto con algunos compañeros suyos, igual que hacía casi todos los días, pero llegó sin ellos. En el camino tres sujetos armados con objetos punzocortantes le robaron todo lo que llevaba a la mano: un celular, el reproductor de mp3, la cartera y una chamarra.

 Al día siguiente se presentó en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a levantar una denuncia sólo para ser informado que tendría que trasladarse hasta la agencia del Ministerio Público zona sur para que lo atendieran. Ahí esperó casi una hora a que el agente del MP llegara a tomarle la declaración.

 Fueron cerca de 6 horas las que le implicó el trámite, desde el inicio hasta que le dieron la copia de su queja. Hasta la fecha sigue sin saber si los objetos fueron recuperados, si hubo algún detenido por el ilícito o si incluso se inició una investigación al respecto. Nunca más volvió a saber nada del tema.

 Medio año después volvió a ser asaltado. Esta vez sólo le quitaron el celular y la cartera, no llevaba más, pero descartó de inmediato presentar una denuncia, “para qué, no tiene caso, no resuelven nada y se pierde mucho tiempo”, comenta a este reportero alzando los hombros mientras desvía la mirada. Carlos, como muchos otros, dejó de creer en la policía, si es que alguna vez lo hizo.

 El joven estudiante fue otra de las miles de víctimas de la delincuencia en esta ciudad que ya no denuncian los ilícitos, un dígito más que se suma a “la cifra negra” de Puebla, al número de actos delictivos que sólo quedarán en la memoria del que lo sufrió y que no llegará ni a la estadística ni más allá.

 II

A Juliana Paola se la llevó su papá. Problemas al interior de la familia que se fueron agravando lo hicieron tomar esa decisión. Si buscaba castigar a su pareja o sólo quería terminar con los problemas de tajo manteniendo cierta paridad en la ya imposible relación, pues dejó a la otra de las hijas con la madre, es algo que sólo él sabe, sólo que lo hizo sin informarlo a su mujer.

 La mamá de Juliana, alarmada por la desaparición de su hija interpuso una denuncia ante la agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

 Un par de semanas después la menor fue hallada y recuperada. Los agentes judiciales la trasladaron a las instalaciones de esa agencia, que se ubica en la 17 poniente 1704 en el barrio de Santiago. Ahí la agente del Ministerio Público de la mesa de trámites la envió a la casa hogar del DIF sin haber notificado a la madre.

 Desde entonces, más de 10 días después de que la menor fuera encontrada –fecha en que el reportero habló con la enfurecida mujer–, la madre sigue pugnando porque la agencia del ministerio público le devuelva a su hija, para que le permitan volver a oír jugar a Juliana Paola en su casa. Pero al menos hasta la mañana del martes 7 de octubre en la agencia no había nadie que pudiera atenderla.

 “Me dicen que la agente del Ministerio Público no está, no sé si renunció o la quitaron o que haya pasado, pero no hay quien atienda mi caso para que me entreguen a mi hija. Que bueno que sé fue la mujer esa, era muy grosera y maleducada”, asegura la mujer, de quien se omitirá el nombre, antes de salir del lugar.

 Llegó dos horas antes, habló con el representante del DIF que tiene su oficina ahí en la agencia, habló también con la gente de Justicia Ciudadana —organización no gubernamental que ofrece asesoría y apoyo a víctimas del delito en Puebla— quienes le ayudaron a obtener un estudio que demostrara que la menor no corre peligro en sus manos, pero no pudo presentarlo porque no había quien le recibiera el documento en la mesa de trámites.

 La mujer a cargo abandonó el lugar “por problemas personales”, según explicó la coordinadora de la agencia, Leticia López Villalba, cuando se le pregunta por la responsable de continuar con el trámite.

 “Cuando supe que la niña ya la habían encontrado vine a preguntar a la agente y sólo recibí maltrato. Le pregunté porque no se me había informado a tiempo, porque en lugar de entregármela la enviaron al DIF. Ella me gritó, diciendo que su obligación era mandarla a la casa hogar porque había una averiguación previa, que no sabía si yo podía pegarle o no, cuando esa averiguación la inicié yo, fue por petición mía que la buscaron”.

 “De ahí me fui al DIF, a ver a la niña. Con ellos no he tenido problema alguno, incluso me han orientado y junto con los de Justicia Ciudadana conseguimos los estudios necesarios para que me la entreguen, pero no hay nadie para que me los reciba”, explica al tiempo que muestra el oficio correspondiente.

 Y no habrá nadie en los próximos días, pues el relevo de la mujer que dejó el empleo por problemas personales podría tardar hasta el siguiente lunes, es decir seis días más, lapso en el que la mujer tendrá que seguir viendo a Juliana Paola en las instalaciones del DIF, como ha hecho desde que supo que la pequeña ya estaba de regreso.

 III

 Hace unos meses le robaron las llantas del auto de Martín. De nada sirvió que el vehículo estuviera estacionado frente a su centro de trabajo, que el sitio estuviera iluminado y que fuera más o menos visible desde el interior de la oficina, los ladrones se llevaron con sigilo y rapidez uno de los neumáticos.

 “Son unos profesionales, el trabajo lo hicieron en unos cuantos minutos, entre dos y cinco. Unos compañeros estuvieron afuera de la oficina platicando un rato, pasaron máximo unos 10 minutos entre que se fueron y salí para encontrarme con el auto todo ladeado, dejaron el coche cojo y se fueron. Y apenas volvió a pasar lo mismo, se llevaron una de las llantas, con rin incluido, de un Jetta que estaba estacionado en la calle. Son unos profesionales, deben tener una pistola para los birlos y un gato hidráulico profesional, todo lo hacen en minutos”. Sobra decir que Martín no denunció el ilícito por falta de confianza en las autoridades responsables.

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